TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La potestad otorgada mediante el decreto ejecutivo PCM 22-2023 a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) para investigar el patrimonio económico de altos funcionarios del Poder Ejecutivo vendrá a debilitar la institucionalidad, a criterio de varios sectores de la sociedad.
Sin embargo, esa facultad de investigar a los funcionarios por ley le corresponde al Tribunal Superior de Cuentas (TSC); siendo esto así, las acciones que ha emprendido la CNBS desde la semana anterior están creando una paralela al TSC y una dualidad de funciones al respecto.
“Esa potestad solo la tiene el Tribunal Superior de Cuentas, para poder hacer investigaciones patrimoniales, tal como manda la Constitución (de la República) y la ley”, reiteró José Juan Pineda, magistrado presidente del TSC.
Pineda fue enfático al decir: “Obviamente habría una inobservancia a la Constitución de la República y a la ley, porque esa es una orden de la Constitución que el órgano contralor (TSC) es el responsable”.
En los últimos días, decenas de secretarios de Estado y diputados han desfilado por la CNBS, firmando un oficio para que este ente investigue su patrimonio.
Requerimientos fiscales
Para el asesor legal de la Asociación para una Sociedad Justa (ASJ), Kenneth Madrid, “sin lugar a duda hay una dualidad de funciones, por el hecho que esa facultad de investigación a los funcionarios públicos la tiene el Tribunal Superior de Cuentas por disposición constitucional”.
Madrid explicó que es el TSC el ente encargado de determinar cuándo hubo enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos. “Si no hay un informe del TSC que genere la responsabilidad penal por enriquecimiento ilícito, el Ministerio Público (MP) no puede presentar los requerimientos fiscales que correspondan”, recalcó.
En todo caso, las investigaciones del patrimonio individual, propiedades y cuentas bancarias de los altos funcionarios serían conocidas por la Presidenta, pero las mismas quedarían ahí sin poder incoar una acción penal.
Otro de los puntos a destacar es si los burócratas que se sometan a la investigación realizada por la CNBS deberán continuar realizando año con año su declaración jurada de bienes. Y la Ley Orgánica del TSC manda que sí, sin importar que hayan hecho un proceso similar.
“Pareciera que sólo se va a investigar de manera selectiva a los secretarios de Estado, directores y subdirectores y personal de arriba, y recordemos que la fiscalización de los recursos públicos es a todos nivel; a veces tenemos empleados de baja categoría que están drenando recursos públicos”, adujo Kenneth Madrid.
La medida adoptada desde el pasado 27 de abril en Consejo de Ministros podría debilitar las funciones investigativas del TSC como ente contralor
