Tegucigalpa, Honduras.- La vulnerabilidad de las carreteras hondureñas y el riesgo latente del transporte de sustancias tóxicas han provocado una enérgica reacción en el seno del Poder Legislativo.
Tras el catastrófico accidente ocurrido el pasado 5 de abril en Quimistán, Santa Bárbara, donde fallecieron nueve personas y el derramamiento de 20 toneladas de cianuro granulado puso en jaque la salud pública y el ecosistema, diputados de distintas bancadas han presentado iniciativas orientadas a regular el transporte de carga y deducir responsabilidades penales.
El diputado del Partido Nacional por Santa Bárbara, Marco Paz, introdujo un proyecto de ley que busca declarar de "interés y seguridad nacional" la circulación vial ante los riesgos de materiales peligrosos.
La propuesta surge como una respuesta directa al incidente de La Ceibita, el cual obligó al cierre total de una de las arterias económicas más importantes del país y al establecimiento de un perímetro de seguridad de 800 metros debido a la toxicidad del material esparcido.
"El objeto de esta ley es proteger la salud pública estableciendo normas claras para la circulación del equipo pesado y el transporte de sustancias peligrosas", explicó Paz al momento de la presentación.
El proyecto de ley estipula una prohibición estricta para la circulación de cabezales, rastras, furgones y cisternas durante los periodos de alta movilidad ciudadana.
Estas restricciones se aplicarían obligatoriamente durante la Semana Santa (desde el miércoles hasta el domingo de resurrección), el Feriado Morazánico, así como en las festividades de Navidad y Año Nuevo.
El objetivo primordial es evitar que el transporte de gran tonelaje comparta las vías con los miles de vehículos livianos que se desplazan con fines turísticos o familiares.
Asimismo, la iniciativa establece un horario nocturno obligatorio para los vehículos que transporten materiales inflamables, corrosivos o contaminantes.
Bajo esta normativa, sustancias como el cianuro solo podrían circular entre las 10:00 p.m. y las 5:00 a.m., quedando prohibido su tránsito fuera de ese rango, salvo emergencias nacionales debidamente justificadas.
Paz agregando que las sanciones incluirán la cancelación de permisos de operación a empresas que contraten conductores sin la licencia adecuada y otras sanciones que establece el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT).
Investigación
Por su parte, el diputado del partido Libertad y Refundación (Libre), Mario Portillo, presentó una moción exhortativa que fue aprobada por el pleno, orientada a que el Ministerio Público, la Secretaría de Medio Ambiente y el Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN) inicien investigaciones inmediatas.
Portillo denunció que el traslado del cianuro hacia una mina en Copán se realizó violentando todos los protocolos de seguridad exigidos para materiales con 100% de pureza.
El parlamentario advirtió sobre las secuelas devastadoras que ya se observan en la flora y fauna de Santa Bárbara, reportando la muerte de venados cola blanca y otros mamíferos, además de la contaminación de fuentes de agua que abastecen a comunidades locales.
Según Portillo, la falta de escoltas y contenedores especializados evidencia una negligencia criminal que debe ser castigada tanto en el ámbito administrativo como penal.
"Aquí hay deducción para funcionarios, para empresas de transporte, para las mineras y para aquellos que hasta este momento se han hecho de la vista gorda", sentenció Portillo.
La moción aprobada busca no solo castigar a la empresa de transporte y a la minera involucrada, sino también fiscalizar a las instituciones del Estado encargadas de revisar los protocolos de seguridad vial.
Con estas medidas, el Congreso Nacional intenta poner un alto a la racha de accidentes que, según los legisladores, se han vuelto cotidianos no solo en la carretera CA-4, sino en los principales ejes viales del territorio hondureño.
