Tegucigalpa, Honduras.-La organización internacional Human Rights Watch (HRW) advirtió este lunes que la creciente presión política sobre las autoridades electorales de Honduras y las disputas entre los organismos encargados de organizar los comicios amenazan el derecho de la ciudadanía a participar en elecciones libres y justas.
En un extenso comunicado, HRW recordó que Honduras celebrará elecciones generales el 30 de noviembre de 2025, en las que se elegirá al presidente, 128 diputados al Congreso Nacional y 20 representantes al Parlamento Centroamericano.
"En las últimas semanas, el Ministerio Público abrió investigaciones penales contra altas autoridades electorales, mientras que los enfrentamientos públicos entre consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) han retrasado la adjudicación de contratos necesarios para la organización de los comicios", subrayó.
A ello se suman denuncias de posible fraude formuladas tanto por la presidenta Xiomara Castro como por miembros de partidos de oposición, generando un deterioro en la credibilidad del proceso electoral.
“Las denuncias de posible fraude, las actuaciones agresivas de la fiscalía y de las Fuerzas Armadas y la parálisis dentro del CNE ponen en riesgo el derecho de los hondureños a participar en elecciones libres y justas”, señaló Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW.
“Las misiones internacionales de observación electoral deberían monitorear de cerca el proceso y llamar a las autoridades hondureñas a garantizar condiciones que permitan elecciones libres, justas y transparentes”, manifestó.
Desde 2019, la autoridad electoral en Honduras está dividida entre el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), máxima instancia en materia de justicia electoral, y el CNE, encargado de administrar el proceso.
Cada institución está integrada por tres miembros propietarios elegidos por mayoría calificada en el Congreso, derivados de un acuerdo entre los partidos Nacional, Liberal y Libre.
Las tensiones internas escalaron en los últimos meses. El 29 de octubre, el fiscal general Johel Zelaya anunció una investigación contra la consejera del CNE Cossette López, del Partido Nacional, por presuntamente intentar manipular resultados electorales, basándose en audios que, según ella, fueron manipulados.
La presidenta Castro calificó las grabaciones como parte de una “conspiración criminal destinada a provocar un golpe electoral”.
El 10 de noviembre, fiscales abrieron otra investigación, esta vez contra dos magistrados del TJE, señalando que habrían aprobado una resolución sin la presencia del pleno.
El 9 de noviembre, el CNE realizó un simulacro del sistema de transmisión de resultados preliminares.
El consejero Marlon Ochoa, del Partido Libre, aseguró que la prueba había fallado y que las irregularidades revelaban la existencia de “una conspiración contra el proceso electoral orquestado desde el propio seno del órgano electoral”.
En paralelo, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas solicitó al CNE una copia del acta de cierre de la elección presidencial el día de los comicios, petición que fue rechazada por la presidenta del Consejo, Ana Paola Hall.
La Constitución establece que las Fuerzas Armadas custodian y transportan materiales electorales, pero no pueden revisar ni contar resultados.
El 20 de noviembre, las Fuerzas Armadas presentaron una denuncia por difamación contra López ante el Ministerio Público.
Ante este ambiente de desconfianza, HRW destacó que las misiones independientes de observación electoral serán clave para preservar la credibilidad del proceso.
La misión de observación de la Organización de los Estados Americanos expresó preocupación por las “acciones y declaraciones, prácticamente diarias, que generan incertidumbre y desestabilizan el proceso electoral” y alertó sobre una “excesiva intervención judicial” en los comicios.
La Unión Europea también envió una misión de observación electoral a Honduras.
El 18 de noviembre, la UE expresó preocupación por desarrollos que podrían socavar las instituciones electorales hondureñas antes de los comicios, señalando que las autoridades y los partidos políticos deben garantizar que los órganos electorales puedan operar de manera independiente y transparente.
¿Qué es Human Rights Watch?
HRW es una organización internacional fundada en 1978, originalmente como Helsinki Watch.
Investiga e informa sobre abusos de derechos humanos en todo el mundo y está integrada por cerca de 500 especialistas de más de 70 nacionalidades, incluidos abogados, periodistas, expertos en países y defensores de derechos humanos
. Su labor se centra en proteger a poblaciones vulnerables —como minorías, civiles en conflictos armados, refugiados y niñas y niños en riesgo— y en exigir responsabilidad a gobiernos, grupos armados y empresas mediante presión pública y diplomática.
Para garantizar su independencia, HRW no acepta fondos gubernamentales y revisa cada donación para asegurar coherencia con sus valores.
Además, trabaja en alianza con organizaciones locales e internacionales para defender a activistas, promover justicia internacional y documentar violaciones como masacres, genocidios, detenciones arbitrarias y control indebido de medios.
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