Tegucigalpa, Honduras.- La reciente suspensión del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para Honduras ha generado una crisis silenciosa pero profunda entre los hondureños residentes en Estados Unidos, especialmente para aquellos que han alcanzado la edad de jubilación.
Según estimaciones, más de 55 mil personas se verán afectadas por esta medida y de esa cantidad, el 25 % son adultos mayores que dependen de su pensión para subsistir.
Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre, señaló que la pérdida del TPS no solo implica la cancelación del permiso de trabajo, sino también la pérdida del derecho a recibir una pensión que muchos jubilados habían ganado tras décadas de esfuerzo y cotización al seguro social.
“Son personas que ya están entre los 55 a 70 años y que durante más de 26 años trabajaron arduamente. Hoy se encuentran en una situación crítica”, explicó Flores.
El impacto es particularmente dramático para quienes ya habían empezado a recibir su pensión.
“Llegaron a esa edad y sobrepasaron los 40 créditos necesarios para jubilarse, pero nadie esperaba que la pérdida del estatus migratorio también cancelara sus beneficios”, detalló Flores.
El defensor de los derechos de los migrantes subrayó que muchos no tienen alternativas laborales debido a su edad y a la falta de documentos legales.
El TPS fue creado en 1990 como un mecanismo temporal que protegía a ciudadanos de países afectados por conflictos armados, desastres naturales u otras crisis extraordinarias, permitiéndoles residir y trabajar legalmente en Estados Unidos.
Honduras recibió este beneficio en 1999 tras el devastador paso de los huracanes Mitch, con sucesivas extensiones a lo largo de los años hasta la reciente suspensión.
Durante todo este tiempo, los hondureños bajo TPS pudieron contribuir al seguro social estadounidense, acumulando créditos para su jubilación.
Sin embargo, la suspensión abrupta del programa ha dejado a muchos en un limbo legal y financiero, incapaces de continuar trabajando o de acceder a los beneficios que con tanto sacrificio habían ganado.
Flores recordó que su fundación realizó una encuesta entre los tepesianos y descubrió que un porcentaje significativo de jubilados enfrenta hoy notificaciones oficiales de cancelación de pensiones.
“Ya no van a recibir el beneficio. Esto es devastador para personas mayores que dependen de esos ingresos para su supervivencia”, dijo.
El presidente de la Fundación señaló que Honduras no ofrece alternativas suficientes para personas de la tercera edad, ni en términos de empleo ni de acceso a medicinas o asistencia social.
“Muchos se criaron en Estados Unidos y ahora, sin documentos, temen regresar a un país que no les ofrece las condiciones básicas para una vida digna”, enfatizó.
La vulnerabilidad de estos jubilados se agrava con la falta de apoyo institucional.
Flores aseguró que hasta ahora no se ha registrado ninguna intervención activa de la Cancillería hondureña para abordar la problemática ante el gobierno estadounidense.
“Estamos tratando de contactar a congresistas en Washington para buscar alternativas legales que puedan ayudar a estos compatriotas”, afirmó Flores.
No obstante, reconoció que la única vía para recuperar las pensiones sería la reinstauración del estatus migratorio, algo que parece improbable para muchos.
La suspensión del TPS también ha generado preocupación por la inseguridad y las condiciones sociales que los jubilados enfrentarían en Honduras.
“Muchos temen por su seguridad y por la imposibilidad de integrarse laboralmente. Es una situación dramática que no estaba en la luz pública”, explicó Flores.
Los afectados viven una angustia silenciosa mientras esperan una posible solución en el plano legal. El caso se encuentra actualmente en revisión en la corte, y se espera que en noviembre se emita un fallo que podría definir el futuro del TPS para Honduras, aunque las perspectivas siguen siendo inciertas.
Expertos advierten que esta crisis humanitaria no solo impacta económicamente a los jubilados, sino que también afecta su salud mental y emocional. La sensación de desamparo y la pérdida de dignidad tras años de trabajo productivo generan estrés y ansiedad en este grupo vulnerable.
Flores insistió en que la situación requiere atención inmediata y un enfoque humano: “Estos compatriotas trabajaron toda su vida, cotizaron y soñaron con una jubilación digna. Hoy se ven privados de esa seguridad, y nosotros debemos visibilizarlo”.
Mientras tanto, la fundación continúa documentando casos, difundiendo información y buscando vías legales para proteger a los jubilados afectados.
La esperanza de una solución, aunque lejana, sigue siendo el último recurso para quienes han dedicado su vida al trabajo y al cumplimiento de la ley en Estados Unidos.
Incertidumbre
Rossy Pinto, una hondureña que dedicó casi 30 años de su vida laboral en Estados Unidos, relató la incertidumbre que enfrenta ahora.
“Yo esperando mi retiro y ahora nada, imagínese, 30 años trabajados en este país y ahora quedamos en el aire”, expresó con tristeza.
Su testimonio refleja la angustia de cientos de jubilados que, tras décadas de esfuerzo y contribuciones al seguro social, se encuentran sin acceso a la pensión que habían planeado para vivir dignamente su vejez.
La historia de Rossy no es un caso aislado; representa a una generación de tepesianos que confiaba en un retiro seguro, solo para ver cómo sus planes se desvanecen con la suspensión del TPS.
Para la tepesiana, y para muchos, la jubilación no es solo un derecho ganado, sino la esperanza de tranquilidad, de poder cubrir medicinas, alimentos y necesidades básicas.
Ahora, esa seguridad se ha transformado en incertidumbre, dejando un vacío emocional y económico que pesa más con cada día que pasa.
