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TEGUCIGALPA, Honduras
La Asociación de Comercializadores de Ganado de la Zona Sur anunció ayer que incoará demandas contra el Estado por daños económicos provocados por el decomiso de ganado de su propiedad.
Se trata de 1,188 novillos que fueron incautados a mediados de la semana pasada en la carretera que del sur conduce a la capital los cuales eran traslados en 15 jaulas.
La Policía sospechaba que en las jaulas venían escondidas armas, drogas y dólares, pero al momento de hacer la revisión de cada rastra no encontró nada, dijo Felipe Macías, vicepresidente de la Asociación de Comercializadores de Ganado de la Zona Sur.
Macías informó a EL HERALDO que él es parte de un grupo de ocho intermediarios que se dedican a la crianza, compra y venta de ganado.
En esta actividad laboran unas 600 personas entre ayudantes, arriadores, camioneros y dueños de las jaulas.
Informó que si la Policía no encontró nada de lo que buscaba pues lo correcto es devolver el ganado, pero los semovientes fueron traslados a los predios de la Universidad de Agricultura en Olancho.
En su momento, se informó que el ganado no tenía papeles, por lo que se sospechaba que era contrabando procedente de Nicaragua.
La DEI inclusive anunció una investigación para saber si había personal de aduanas coludido.
El entrevistado dijo tener informes de que unas 30 cabezas ya murieron producto del descuido de las autoridades que deberán responder ante los tribunales de justicia por los daños causados, no solo a los propietarios del hato sino a las familias a la que ellos les dan trabajo.
El ganado no procede de Nicaragua, como lo dijo en su momento la autoridad.
Es ganado criado y comprado en la zona sur y prueba de ello es que cada cabeza tiene su carta de venta y la respectiva guía de traslado, dijo el vicepresidente de la Asociación de Comercializadores de Ganado.
Para averiguar la procedencia de los animales, las autoridades deben tomar la iniciativa de ir a verificar a cada alcaldía la validez de las cartas de venta, expresó el entrevistado.
“Cada cabeza viene con su documento, con su carta de venta y con su guía”, dijo Macías.
Informó que el ganado tenía como destino las fincas de repasto de Potrerillos, Omoa, Cortés. Ahí es vendido a otros intermediarios que lo engordan por un tiempo y luego lo venden pesado.
Macías lamentó el trato que han recibido de las autoridades. “Aquí es un delito trabajar. Nosotros no somos carga para el Estado, somos solución para los gobiernos. No andamos detrás de diputados ni de ministros pidiéndoles trabajo. No andamos con cosas mal habidas”, expresó el ganadero.
“Ellos bien saben quiénes son los narcotraficantes, los corruptos. Esa es la gente a la que hay que seguir, se quieren ensañar contra gente trabajadora, cuando nosotros somos solución”, afirmó con tono molesto.
