Ciudad colonial
Directivos del Congreso Nacional, en sesión con los jefes de bancada, dispusieron ayer posponer la discusión de la reforma a la Ley de Modernización Agrícola ante la falta de consenso entre los grupos campesinos y el sector privado.
En consecuencia, el dictamen que iba a ser sometido a discusión en el pleno legislativo, fue retirado, a petición de los líderes políticos del Congreso.
La propuesta de reforma de los artículos 51 y 70 de la Ley de Modernización, presentada por el diputado vicepresidente, Marvin Ponce, estuvo engavetada por año y medio.
Según esta enmienda, todas las tierras ociosas e incultas serían objeto de confiscación por parte del Estado, dejando la potestad al director del Instituto Nacional Agrario decidir sobre los predios objeto de afectación y los grupos a beneficiar.
Esta semana, unos 32 grupos organizados del sector campesino presentaron sus observaciones al proyecto, en tanto la Federación de Agricultores y Ganaderos de Honduras hizo lo propio en torno al proyecto de Ponce y al dictamen elaborado por una comisión que preside el diputado democristiano, Orle Solís.
Fue el propio Solís quien informó ayer que la directiva y los jefes de bancada dispusieron suspender la discusión hasta que haya un consenso entre campesinos y ganaderos.
Las reformas encaminadas, en el caso del artículo 51, establecen las causales de afectación de tierras privadas y proponen que se puedan afectar tierras privadas que están ociosas o que no cumplen su función social.
En cambio, el artículo 70 establece la prohibición de venta de propiedades y propone que no se puedan vender las tierras de la reforma agraria.
La diputada Lena Gutiérrez, que presidió la reunión con los jefes de bancada ante la ausencia del titular, Juan Orlando Hernández, anunció que las reformas no serán conocidas de momento mientras no haya una socialización de las mismas.
Recordó que el Congreso entra en receso del 15 de mayo al 15 de junio, por lo que consideró que posiblemente el tema sea retomado hasta que retornen de vacaciones.
Reforma demagógica
En relación al tema, el jefe de la principal bancada de oposición, José Alfredo Saavedra, indicó que no es el momento oportuno para hacer esta reforma.
Indicó que así como está planteada se concreta a una repartición de tierras de manera demagógica.
Explicó que en sesión de junta directiva y bancadas se acordó suspender la discusión mientras las partes puedan encontrar puntos de coincidencia, de tal manera que esta ley sea dictaminada de manera consensuada.
“Si no hay consenso, lo que provocaría es mayor caos en el campo y lo que se busca es la paz y tranquilidad en el país”, indicó.
Saavedra reiteró que la reforma, así como está planteada, es una situación demagógica, en la que no se resuelve el verdadero problema del campesinado ya que de nada le sirve a los labriegos tener tierras si no tiene el financiamiento y la asistencia técnica.
Refirió que históricamente a muchas organizaciones campesinas se les ha dotado de tierras, pero son tierras que no han podido ser cultivadas por falta de acceso al crédito, a la asistencia técnica y a los mercados.
Según Saavedra, el gobierno deviene en la obligación de hacer un inventario de todas aquellas tierras que no han sido productivas por falta de estos dos componentes que son fundamentales.
De la misma manera, el diputado del partido Innovación y Unidad, German Leitzelar, declaró que el problema del agro en Honduras no se resuelve con las expropiaciones y la entrega de tierras a los campesinos.
La solución pasa por garantizar la seguridad jurídica en el campo, garantizar la seguridad alimentaria y garantizar la seguridad del medio ambiente; integrado todo esto, hay que garantizar el financiamiento y el desarrollo técnico industrial del agro, a través de todos sus actores.
Según Leitzelar, lo que el país requiere es una reforma agrícola integral, pero esto no debe ser una bandera política encaminada a procesos electorales.
Por esa razón, indicó Leitzelar, se deben separar dos cosas: resolver de inmediato la mora agraria y lo otro visualizar una reforma integral en el campo mediante la legalización de las tierras, asegurar que las mismas se conviertan en dominio pleno de quienes las están explotando de tal manera que sirvan de garantía para el financiamiento.
Creemos que esta reforma se debe estudiar con mucho cuidado y que se debe buscar un mecanismo de participación de los sectores campesinos, terratenientes y ganaderos, los pequeños y medianos agricultores involucrados en el agro.
Bancos suspenden crédito agrícola
El diputado nacionalista por Olancho, Francisco Rivera, reveló ayer que ante la inseguridad jurídica que existe en el agro hondureño, los bancos han suspendido los créditos agrícolas.
El congresista aseguró que directivos de la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (Ahiba) le confirmaron que mientras persista el problema del agro, las invasiones y la falta se seguridad jurídica, los bancos no otorgarán créditos.
Indicó que la situación es preocupante ya que los bancos han venido suspendiendo los créditos de manera gradual, bajando del 25 por ciento a dos por ciento su cartera crediticia agrícola.
Recientemente, dirigentes ligados al partido de la izquierda radical, Libre, encabezaron invasiones de tierras debidamente cultivadas.
La acción, simultánea en varios departamentos del país, provocó millonarias pérdidas para el sector privado y para la clase trabajadora.
