Tegucigalpa, Honduras.- La delincuencia común y organizada en Honduras ha encontrado una ventana de impunidad y facilitación criminal en el uso de indumentaria policial.
En los últimos meses, la difusión de múltiples videos captados por cámaras de seguridad de diferentes negocios a nivel nacional ha dejado en evidencia cómo los criminales utilizan uniformes falsificados o robados, pertenecientes a los cuerpos de seguridad del Estado, para ingresar a establecimientos comerciales y asaltar a los ciudadanos sin levantar sospechas iniciales.
El hecho más reciente y de mayor impacto ocurrió hace apenas unos días en un sector de la capital, donde varios hombres fuertemente armados y vestidos con los chalecos e insignias idénticas a la extinta Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) irrumpieron de forma violenta en un restaurante.
Ante la mirada atónita de los comensales, quienes inicialmente pensaron que se trataba de un operativo real, los falsos agentes despojaron a todos los clientes de sus pertenencias, teléfonos celulares y dinero en efectivo.
Para frenar esta modalidad delictiva que no solo afecta el patrimonio de la población, sino que destruye la confianza institucional, el Congreso Nacional aprobó una reforma penal estricta que ya se encuentra vigente tras su publicación en el diario oficial La Gaceta el pasado 22 de mayo de 2026, bajo el número 37,148.
Las modificaciones endurecen de manera drástica los castigos para quienes fabriquen, posean o utilicen vestimenta de uso exclusivo de las fuerzas del orden.
"Desde la perspectiva legislativa se ha hecho lo correcto, porque hay que dar el insumo legal para que el operador de Seguridad y Justicia pueda actuar ante estas cuestiones", expresó Juan Carlos Degrandez, experto en temas de Seguridad.
El nuevo estamento jurídico quedó tipificado bajo el Artículo 473 del Código Penal, denominado "Uso y tenencia prohibida de uniforme, insignias y equipo policial, militar o de entes de investigación".
La normativa establece de forma taxativa que cualquier persona que, sin la debida autorización legal, use públicamente uniformes, insignias, equipos o elementos auténticos, así como réplicas razonablemente similares pertenecientes a las Fuerzas Armadas o cuerpos de seguridad, será castigado con una pena de prisión de cinco a ocho años o una multa de 400 a 600 días.
Sin embargo, el decreto legislativo contempla un agravante severo cuando la indumentaria es utilizada como herramienta directa para ejecutar otros actos delictivos en el territorio hondureño.
En esos escenarios, la pena de reclusión se eleva de manera automática a un rango de ocho a diez años de cárcel, mientras que la simple posesión o almacenamiento de estos pertrechos con fines criminales conlleva un castigo penal de cuatro a seis años de prisión.
"El crimen organizado, primero en su orden, va a intentar infiltrar las instituciones de seguridad. Segundo, al no poder, va a intentar emularlas, o sea, quiere imitarlas para actuar con cierta libertad en las calles, poderse movilizar o poder someter a personas utilizando la intimidación que genera la indumentaria de seguridad", argumentó Degrandez.
La preocupación de los analistas radica en la sofisticación que han alcanzado las redes de falsificación en el país, ya que los uniformes decomisados en los últimos operativos presentan acabados, monogramas y texturas idénticas a los originales.
Esta situación plantea el desafío de extender las investigaciones criminales no solo hacia los delincuentes que ejecutan los asaltos en las calles, sino hacia los talleres textiles y sastrerías clandestinas que proveen la materia prima al hampa.
Para que las severas penas del reformado Artículo 473 tengan un impacto real en la reducción de los índices delictivos, se requiere una articulación inmediata entre la ciudadanía y los entes de respuesta rápida.
El éxito de la norma jurídica dependerá en gran medida de la velocidad con la que se reporten los incidentes, especialmente en zonas de alta concentración comercial donde las bandas operan bajo la fachada de falsos allanamientos.
"Aquí tiene que venir el juego de la denuncia inmediata, y le digo el juego porque hay que volver a hacer a las personas que tengan la confianza de los entes o los canales de denuncia, ya sea 911, la denuncia a la línea 143, la denuncia en físico que se puede recibir en la fiscalía de turno, en las postas policiales y eso para poder reaccionar, porque hay que perseguir toda esta línea de delito", puntualizó el experto.
En la escala delictiva, la utilización de uniformes falsos es apenas una manifestación superficial de problemas mucho más profundos arraigados en el país, como el narcomenudeo, el tráfico de armas y la trata de personas.
El microtráfico de estupefacientes en los barrios y colonias marginales se mantiene como el principal detonante de la violencia y la descomposición social, alimentando financieramente a las estructuras que adquieren pertrechos militares.
La pérdida de confianza de la sociedad hondureña en sus cuerpos policiales obliga al Estado a mostrar resultados contundentes en los tribunales de la República, evitando que los vacíos procesales dejen en libertad a quienes atentan contra la seguridad colectiva.
La aplicación estricta de las nuevas penas por uso de indumentaria prohibida se convertirá en el termómetro para medir la verdadera voluntad de los juzgados y tribunales del país.
"Por eso creo que al menos en la parte legislativa se empezó de forma correcta. Habrá que ver los entes judiciales si van a actuar con la fortaleza de esas leyes", sostuvo.
