Unas 33 manzanas de tierra del Instituto de Conservación Forestal (ICF), ubicadas en Comayagua, se podrían perder y pasar a manos de invasores, luego de que el gobierno pasado “legalizara” la toma forzada del inmueble.
El subdirector de la desaparecida Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (Cohefor), Santos Cruz, firmó un “acta especial” con el director ejecutivo del Programa de Vivienda Ciudadana y Crédito Solidario (Proviccsol), Edilberto Espinal, mediante la cual cede el predio a esta última para que se construya una colonia en beneficio de los invasores.
“Que en la firma de la presente acta Proviccsol asume la posesión y administración del inmueble relacionado, realizando de inmediato todas las actividades de diseño del proyecto de vivienda ciudadana hasta su ejecución”, dice el documento.
El acuerdo se rubricó el tres de agosto de 2007, cuando ya había una fuerte presencia de familias que invadieron ese predio conocido como La Esperanza, donde funcionó la Central de Aserrío de Siguatepeque (CASIS).
La invasión se produjo en 2005, de acuerdo a los registros del ICF.
Este acuerdo amparó a centenares de personas que se tomaron esa propiedad para iniciar los trámites para regularizar los lotes tomados y así construir sus viviendas por medio de Proviccsol.
Los primeros ocupantes se identificaron como miembros de la organización campesina Betelsi, nombre con el cual también identifican a la colonia que formaron.
El acuerdo deja claro que los que invadieron el terreno estaban autorizados para asumir la “custodia y mantenimiento del inmueble”.
“Que la organización campesina Betelsi firmará un convenio de compromiso con Proviccsol, asumiendo la responsabilidad de la custodia y mantenimiento del bien inmueble, así como la participando en las actividades que se indiquen en el diseño y ejecución en el proyecto de vivienda”, cita el documento.
Y luego agrega: “Que en la firma de la presente acta Proviccsol asume la posesión y administración del inmueble relacionado, realizando de inmediato todas las actividades de diseño del proyecto de vivienda ciudadana hasta su ejecución”.
EL HERALDO consultó al subgerente Santos Cruz sobre este transferencia del terreno que se establece en el acuerdo y acepta que el objetivo era ceder el predio a los que invadieron, pero siempre y cuando acreditaran que eran personas pobres. “La intención era beneficiar a los invasores de escasos recursos económicos y dejar por fuera a los que no calificaban”, expresó.
Muchos moradores de la zona se habían identificado como miembros de Betelsi, pero no todos tenían el perfil para optar a una vivienda de acuerdo a las políticas de Proviccsol, explicó. Según el exfuncionario, la referida acta se firmó con la autorización de la junta directiva de Cohdefor, que era presidida por el exministro de Ganadería, Nehemías Martínez. Proviccsol tuvo acercamientos con los invasores para conocer si existían las condiciones para iniciar la construcción de un proyecto habitacional para ellos, pero determinó que había impedimentos legales para ejecutar el proyecto.
De acuerdo con su normativa interna, Proviccsol no puede destinar recursos para hacer viviendas en zonas conflictivas y el predio de La Esperanza está en una condición irregular porque se trata de una invasión. Una persona califica para obtener asistencia de esa entidad solo cuando tiene dominio pleno del terreno donde piensa construir y en el caso de la colonia Betelsi no tienen más documentación que el acta de compromiso entre Cohdefor y Proviccsol. Políticos de la zona de Comayagua se han disputado este terreno para agenciarse simpatía entre los invasores, ya que les han ofrecido que se lo transferirán.
Cuando Cohdefor desapareció en 2008 todos los bienes pasaron al ente que la reemplazó, el ICF, incluyendo el terreno de la Esperanza.
INA lo había entregado
Los vecinos de Betelsi no dejaron pasar el tiempo y tramitaron ante el Instituto Nacional Agrario (INA) para legalizar el terreno a favor de ellos en virtud de que era una zona de vocación agrícola.
Mediante resolución 442-2010, de fecha 1 de noviembre de 2010, el ministro de INA, César Ham, ordenó que el inmueble fuera entregado legalmente a los miembros de Betelsi, previo pago de un justiprecio al ICF.
El falló ordenó que “el Instituto de Conservación Forestal proceda a transferir el dominio a favor de este Instituto, el predio de 33.5 manzanas”, a los peticionarios.
Pero el justiprecio establecido fue en realidad “precio de gallo muerto”, pues el INA valoró el costo de las 33.5 manzanas en 55,420 lempiras. La estimación se hizo de acuerdo al valor que el inmueble tenía en la década de los 70.
No obstante, la entrega del terreno se anuló posteriormente porque el ICF acreditó que la propiedad no es de vocación agrícola sino forestal, por lo que el INA no tenía competencia para resolver el requerimiento de los invasores.
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“Solo muertos salimos”
Cuando inició la invasión existían no más de 600 personas en ese terreno, pero en la actualidad ya suman unas tres mil, las que están asentadas en el lugar.
Primero fueron casas de madera las que se levantaron y luego se comenzaron a construir de adobe.
Familiares de los que invadieron han enviado remesas para que las covachas fueran destruidas y en su lugar se levantaran casas de hasta dos pisos.
La repartición de lotes también fue una piñata, pues se asignaron parcelas hasta de 600 varas cuadradas.
Los moradores de Betelsi dicen que no están dispuestos a salir de la zona porque muchos han sacado préstamos para construir y no desean perder la inversión.
El presidente del patronato de la colonia Betelsi, Víctor Laínez, advirtió que no tiene contemplado desalojar el terreno y que están listos para proteger, como sea, sus propiedades. “No nos vamos a salir de acá, solo muertos nos van a sacar porque aquí ya tenemos un hogar y las casas nos hay costado”.
Igualmente dijo sentirse burlado, ya que Cohdefor les solicitó que cuidaran la chatarra de la empresa Casisa y que a cambio en un futuro se les daría el dominio pleno del inmueble, pero se les mintió.
“Para mí esto ha sido un engaño porque prácticamente nos hemos convertido en vigilantes porque cuando entramos aquí nos dijeron que hiciéramos las casas como pudiéramos y que cuidáramos el hierro y que todas las demás instalaciones quedaran para el grupo”, expresó.
Marlen Martínez, otra lugareña de esa colonia, aseguró que el ministro del ICF, Trinidad Suazo, les reiteró que se les iba a ceder el predio si cuidaban que los restos metálicos no fueran robados.
