Nuevas medidas para combatir la criminalidad fueron anunciadas el jueves en Casa Presidencial, durante un encuentro con directores de medios de comunicación.
Durante el encuentro, en el que participaron los presidentes del Ejecutivo y Legislativo, se anunció que se reformará la ley para que la pena por el delito de extorsión sea elevada a 15 años de prisión.
El presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, confió que el Ejecutivo ha remitido un proyecto de reforma para que la pena por el delito de extorsión se incremente.
Hernández indicó que el objetivo que se persigue es que quienes cometan este delito sean capturados, enjuiciados y confinados en las celdas de máxima seguridad de la Penitenciaría Nacional.
'Debemos lograr que los primeros cuatro enjuiciados sean confinados en la cárcel de máxima seguridad, no dudamos que esta será un disuasivo poderoso', indicó.
Por su parte, Porfirio Lobo Sosa amplió que la ley es benevolente en el castigo por el delito extorsión. Indicó que el nuevo Código Procesal Penal apenas establece condenas de tres a seis años de prisión.
De esta manera, según Lobo, cuando un extorsionador comete el delito pero se declara confeso, entonces la pena se reduce a tres años, siendo fiable mediante el pago de 10 lempiras por cada día de condena.
Por otra parte, Hernández anunció que buscarán aprobar la controversial ley de Escuchas Telefónicas.
Esta legislación ha sido seriamente criticada en virtud de que en el país no existen las condiciones para que las escuchas no se conviertan en una violación al derecho a la intimidad y privacidad de las personas.
El presidente del Legislativo admitió que en la actualidad hay escuchas ilegales y, por ende, es necesaria una ley que regule esa actividad.
Calificó la ley que daría luz verde a las escuchas como un 'tema de orden nacional' y ejemplificó que en muchos países del mundo ha sido una herramienta efectiva en la lucha contra el crimen organizado.
Al respecto, Lobo Sosa indicó que la ley de escuchas telefónicas debe ser aprobada.
Admitió que puede haber temores fundamentados en el uso que se le puede dar a esta legislación, por lo que admitió que será necesario regular qué se podrá escuchar y a quiénes.
Resaltó que en la actualidad hay sistemas y dispositivos tecnológicos muy sofisticados y pequeños que permiten invadir la privacidad de las personas.
El temor fundamental es que esta ley de escuchas telefónicas sea usada con fines contrarios a la lucha contra el crimen organizado.
Para el caso, existe el temor fundamentado de que se use la herramienta con fines meramente políticos o económicos.
Actualmente, las líneas telefónicas de una persona particular pueden ser intervenidas mediante orden judicial.
Además, por la misma vía judicial se puede ordenar a las telefónicas privadas entregar reportes de llamadas entrantes y salientes, así como el cruce de mensajes o sms.
Esta potestad la otorga el juez a la autoridad constituida, en este caso, la Policía Nacional o la Dirección de Investigación Criminal y Fiscalía, con fines eminentemente investigativos.
Por otra parte, las autoridades indicaron que se exigirá a Conatel que ponga en funcionamiento la ley de Portabilidad Numérica, que ya fue aprobada, mediante la cual el usuario es responsable por el uso que se le dé al número telefónico que tiene asignado.
Error de Lobo
Por su parte, el ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla, admitió que ha sido un error anunciar las operaciones policiales y militares que se iban a efectuar en Olancho.
Este anuncio permitió a los criminales huir de la autoridad y de esta manera evadir el peso de la ley.
Bonilla admitió que, en este caso, fue el propio presidente Lobo quien anunció que se tomaría Olancho y justificó que quizás lo hizo por 'un momento de emoción'.
