La Fiscalía contra la Corrupción justificó su rol de vigilar el proceso de contratación del servicio de medición y facturación de la energía eléctrica, para evitar perjuicio económico al Estado.
El gobierno decidió no renovar el contrato con la empresa Semeh, por lo que se espera la conducción de otro proceso de contratación, pero en base a una licitación.
La semana anterior se informó que esta Fiscalía solicitó al gerente de la ENEE, Roberto Martínez Lozano, le remita a la Fiscalía la información referida al procedimiento que está siguiendo la ENEE para la contratación de este servicio, adjuntando la documentación respectiva.
El fiscal contra la Corrupción, Henry Salgado, fundamenta su petición en la Ley del Ministerio Público, que en el artículo 16 expone que se está facultado para comprobar la legalidad y regularidad de las licitaciones, concursos, subastas y demás procedimientos de selección del contratante del Estado.
'Solo verificamos cuando hay mucho cuestionamiento de ciertos contratos, podemos verificar sus procesos de ejecución', expresó Salgado.
En este caso, dijo que se constata si existe una licitación pública internacional, si hay pliegos de condiciones o si se ha decidido por un procedimiento alterno de contratación directa, sobre el cual se debe cumplir una serie de requisitos, que, de seguirse esta vía, se confirmará si son cumplidos.
La Fiscalía contra la Corrupción verifica si en el proceso se sigue lo establecido en la Ley de Contratación del Estado.
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Abuso o fraude
De detectarse la existencia de irregularidades en el proceso, la Fiscalía las hará saber a las autoridades de la ENEE para que defiendan su posición o rectifiquen.
Se vigila que el proceso se conduzca bajo el marco legal establecido, puntualizó.
La Fiscalía invita a quien conozca de alguna irregularidad específica que la denuncie. 'Si esa irregularidad existe tendremos que valorarla desde el punto de vista legal y determinar si existe algún abuso de autoridad, una violación al deber del funcionario o al extremo un fraude en la realización de un contrato que puede ser lesivo a los intereses de la nación o sociedad hondureña', expresó.
Si se comprueba que hay indicios de lesividad las autoridades competentes deberán ejercer acciones para anular el contrato y así evitar conceder derechos a terceros en perjuicio del pueblo hondureño, concluyó Salgado.
