Ante las irregularidades encontradas en Educación con el tráfico de plazas, reveladas en el informe presentado el martes pasado en Consejo de Ministros, la Fiscalía contra la Corrupción pidió al Poder Ejecutivo la documentación.
Esta información relacionada a las auditorías que se han hecho, se usará para abrir investigaciones en el Ministerio Público que lleven a deducir responsabilidad a los directores departamentales destituidos y a los maestros, quienes serían acusados por fraude y estafa de comprobarse estas irregularidades.
Henry Salgado, fiscal especial contra la Corrupción, dijo que 'estamos trabajando con las denuncias que han habido de venta de plazas y hemos acusado a algunos directores departamentales y locales, también tenemos algunas investigaciones que hemos recogido de oficio para poder determinar tales circunstancias'.
Salgado pidió denuncias puntuales y concretas al ministro de Educación, Marlon Escoto y adelantó que se aplicará la ley en los casos que así lo ameriten.
'Hemos exitado al honorable señor ministro de Educación con el objeto que nos informe hechos concretos, no el sin número de denuncias que caen en un red', comentó.
Según Salgado, el titular de Educación ha comprobado ciertos actos que deben ser evaluados y si algunos 'colindan con algún tipo de responsabilidad penal, si hay algún tipo de malversación o frade por parte de estar personas, en el caso de los directores si tienen más denuncias o los maestros si están cobrando doble sueldo o tienen triple plazas como se menciona, que nos documente esa información para deducir las responsabilidades correspondientes'.
Mientras tanto, la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Daysi de Anchecta aseguró que se han impuesto pliegos de responsabilidad a algunos maestros las irregularidades que este ente encontró.
'Hay maestros que no dan clases y que cobran, maestros que están en tres y cuatro jornadas y que también tienen un cargo administrativo, maestros que están nombrados en una aldea de un municipio de un departamento y que también está nombrado en otro municipio de otro departamento y que aparecen cobrando', afirmó.
Aclaró que muchos pliegos de responsabilisdad están siendo desvanecidos 'porque los maestros acreditan con un documento extendido y certificado por la Secretaría de Educación, que a través de resoluciones que han dado ministros se les ha otorgado este beneficio'.
Las irregularidades incluyen la asignación de dos y tres plazas a maestros jubilados y hasta fallecidos.
Reponden directores
Por su parte, Gilberto Benítez, director departamental de Cortés, quien fue destituido por el titular de Educación, dijo no temer ante la petición que hizo el fiscal Contra la Corrupción, Henry Salgado.
'Así como nosotros en un inicio pusimos a disposición la Dirección Departamental para que el señor ministro la interviniera e hiciera las investigaciones pertinentes ante las acusaciones de suspuestas irregularidades por venta de plazas. De igual manera no nos vamos a oponer jamás a que se nos investigue, a que se nos aplique la Ley. Nosotros abrimos las puertas de nuestros archivos de las direcciones departamentales', sostuvo el maestro destituido.
Benítez manifestó que no cree que un maestro pueda tener 17 plazas como mencionó el ministro del Interior y Población, Áfrico Madrid, en Consejo de Ministros.
'Esos son solo argumentos, esas cosas no existen en el sistema educativo nacional, en primer lugar porque ningún maestro va aceptar ese tipo de propuestas. Los maestros saben que denen tener dos plazas, de ser posible trabajar en el programa de SEMED (Sistema de Educación Media a Distancia) eso es todo, no esta cantidad de plazas que dicen las investigaciones que tienen en su poder'.
Además, indicó que no le preocupa un proceso de investigación sino sentirse amenazado nuevamente por Escoto.
'No me preocupa esto, podrían ser solo amenazas para callarnos, como lo hizo en el oficio 080 para que no dieramos declaraciones a ningún medio de comunicación sin antes consultarle a él', aseguró.
Esta tarde, la Corte Suprema de Justicia emplazó al ministro de Educación para presentar la documentación que respalda su decisión de separar a 14 de los 18 directores departamentales, en respuesta al recurso de amparo interpuesto por los afectados.
El Poder Judicial otorga dos días al funcionario para rendir una explicación sobre su decisión. De lo contrario, dejará sin valor y efecto la suspensión de los directores y los nombramientos interinos efectuados anteriormente.
