Tegucigalpa, Honduras.-La Fiscalía hondureña presentó un centenar de medios de prueba contra más de 30 personas, entre ellas exfuncionarios, empresarios y representantes de Organizaciones No Gubernamentales, acusadas de participar en el saqueo millonario del Programa de Asignación Familiar (PRAF) entre 2010 y 2014.
El Juzgado en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción continúa este martes con la audiencia inicial por los delitos de fraude, falsificación de documentos públicos y violación de los deberes de los funcionarios, en perjuicio de la administración pública.
Según las investigaciones del Ministerio Público, los imputados habrían integrado una estructura delictiva que desvió más de 96 millones de lempiras, fondos destinados a capacitaciones de los programas Bono Juvenil y DiMujer, orientados a jóvenes y mujeres en condiciones de pobreza extrema.
Entre los principales señalados figuran Ángel Paz Alvarenga, exgerente administrativo; Raúl Salgado Zelaya, exjefe del Bono Juvenil y exasesor de la Secretaría de la Presidencia del actual gobierno; y Sandra Solano Aguirre, exjefa del Programa DiMujer.
Asimismo, Rodolfo Guillermo Martínez Contreras, Armando José Rivera Marroquín, Francisco José Rojas Padgett, José Roberto Hernández Molina, Gustavo Nieto Gálvez, Lorena Lizeth Montalbán, Karen Esther Matute Gómez, representantes legales de las empresas y ONG con las que el PRAF suscribió los contratos de capacitación.
Las pruebas del Ministerio Público indican que los acusados adjudicaron de forma directa 596 contratos a empresas y ONG sin capacidad técnica ni respaldo logístico, muchas consideradas “empresas de relleno”, con el fin de fragmentar los procesos y evadir las licitaciones públicas.
Además, se presume que la red elaboró informes falsos para justificar capacitaciones inexistentes y expedientes manipulados que permitieron el pago total de los contratos.
Las pocas capacitaciones que sí se realizaron fueron en condiciones precarias y sin los resultados esperados.
El Ministerio Público sostiene que este esquema de corrupción no solo causó un grave daño económico al Estado, sino que también privó a miles de jóvenes y mujeres de oportunidades de superación, al desviar recursos destinados a fortalecer su formación técnica y emprendedora.
Con la presentación de los medios probatorios, la Fiscalía busca que el tribunal eleve el caso a juicio oral y público.
