Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público presentó este miércoles -19 de febrero- un requerimiento fiscal contra una supuesta estructura de corrupción que operó en el Programa de Asignación Familiar (PRAF), entre los años 2010 y 2014, y que desvió casi 100 millones de lempiras.

Según las investigaciones de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), el desfalco asciende a L 96,976,218.21, recursos que estaban destinados a programas sociales como el Bono Juvenil y el Programa DiMujer.

Los fondos se justificaban para capacitar en oficios y carreras técnicas a jóvenes y mujeres en extrema pobreza; sin embargo, esta red lo habría gestionado para su propio beneficio.

Los principales imputados en este caso son Ángel Paz Alvarenga, exgerente administrativo del PRAF; Raúl Salgado Zelaya, exjefe del Bono Juvenil; y Sandra Solano Aguirre, exjefa del Programa DiMujer, junto a 37 personas más, incluyendo exempleados de la institución, representantes de empresas y ONG’s. Todos enfrentan acusaciones de fraude, falsificación de documentos públicos y violación de los deberes de los funcionarios.

De acuerdo al requerimiento fiscal, el esquema de corrupción incluía la adjudicación directa de contratos a empresas y ONG’s sin capacidad técnica, utilizando “empresas de relleno” y fragmentando contrataciones para evitar los procesos de licitación.

Además, los imputados habrían presentado informes falsos de capacitaciones que nunca se realizaron y fabricado expedientes para justificar el pago total de los contratos.

Este fraude no solo significó un desfalco millonario al Estado hondureño, sino que también perjudicó a miles de jóvenes y mujeres que fueron privadas de oportunidades para mejorar sus habilidades y emprender su propio negocio.