Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público (MP) presentó este miércoles un requerimiento fiscal en contra de 38 personas por tres delitos en perjuicio del Programa de Asignación Familiar (PRAF).
A los implicados se les acusa de fraude, falsificación de documentos y violación de los deberes de los funcionarios.
El documento explica que estas personas realizaron una supuesta contratación para el servicio PRAF en convenio con empresas y ONG’s, las cuales no fueron impartidas, según lo pactado en los contratos.
Lo anterior causó un perjuicio económico al Estado de Honduras por noventa y seis millones novecientos setenta y seis mil doscientos dieciocho lempiras con veintiún centavos (L. 96,976,218.21).
Entre los acusados están Ángel Orlando Paz Alvarenga, exgerente administrativo; Raúl Enrique Salgado Zelaya, exjefe de Bono Juvenil; Sandra Elizabeth Solano Aguirre, exjefe del Programa de Mujer; exfuncionarios del PRAF y otros ex empleados.
De igual manera contra Rodolfo Guillermo Martínez Contreras, Armando José Rivera Marroquín, Francisco José Rojas Padgett, José Roberto Hernández Molina, Gustavo Nieto Gálvez, Lorena Lizeth Montalbán, Karen Esther Matute Gómez, representantes legales de las empresas y ONG con las que el PRAF suscribió los contratos de capacitación.
Ante lo mencionado, se pide que se libere una orden de captura nacional e internacional contra los imputados, una alerta migratoria, y que se programe fecha y hora para la celebración de la audiencia inicial.
