Tegucigalpa, Honduras. -Recuperar un terreno usurpado y obtener su legalización continúa siendo un proceso largo y complejo en Honduras.
Una familia capitalina asegura haber enfrentado durante años obstáculos tanto en las instancias judiciales como en la investigación de la denuncia por la ocupación de su propiedad.
El caso corresponde a un inmueble ubicado en la aldea El Trigo, en El Hatillo, municipio del Distrito Central. Según la denuncia, el proceso para obtener un título supletorio y regularizar la propiedad no ha prosperado, mientras el terreno permanece bajo una disputa legal.
"En 2018 comenzó el proceso para recuperar el terreno, pero hasta febrero de 2026 solicitamos un título supletorio en el Juzgado de Letras de lo Civil, el cual fue denegado; nos pedían que presentáramos la solicitud junto a una testigo con documentos que acreditaran que mi hermana y yo somos legítimas propietarias del terreno", denunció Ana Domínguez, quien asegura que ella y su hermana son las legítimas dueñas del inmueble.
La afectada afirmó que, tras la negativa del Juzgado de Letras de lo Civil, presentó recursos ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ); sin embargo, aseguró que también fueron rechazados, pese a haber aportado documentación que, a su criterio, acredita la posesión pacífica del inmueble durante más de 30 años.
Mientras el proceso judicial seguía su curso, la familia denunció que el conflicto se agravó con la presunta usurpación del terreno, situación que, según manifestó, continúa sin una respuesta efectiva de las autoridades competentes.
"Desde el 6 de abril -de este año- usurparon nuestro terreno y también el de la testigo del caso que nos iba a apoyar para tener los terrenos en regla; las personas que entraron ahí aseguraron que no podemos ingresar, incluso, en el terreno de nuestra testigo cortaron todos los árboles y nadie puede hacer nada porque las autoridades no hacen nada en esa situación", explicó.
Procesos
Según la denunciante, luego de la primera resolución desfavorable, se reunieron nuevos documentos, entre ellos constancias emitidas desde el año 1998 y documentación acreditada por el Instituto de la Propiedad (IP) con el objetivo de presentar nuevamente una solicitud ante la Corte Suprema de Justicia.
Ante esta situación, la familia pidió al Ministerio Público y al Poder Judicial revisar la documentación presentada y dar continuidad al proceso legal.
"Lo único que pedimos es que se dé trámite a los documentos que presentamos porque no son adulterados. El Ministerio Público nos dijo que nosotros no somos veraces por todo lo que hemos pasado en este proceso, entonces pedimos a la Corte Suprema de Justicia que haga favorable el título de promesa de venta, porque la propiedad es legal y hace más de 20 años que lo tenemos", sostuvo.
