Tegucigalpa, Honduras.- La Corte del Distrito Norte de California emitirá este jueves 31 de julio el fallo que definirá el futuro migratorio inmediato de miles de beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) originarios de Honduras, Nicaragua y Nepal.
La jueza federal Trina L. Thompson presidió el pasado martes una audiencia decisiva en San Francisco, donde escuchó durante casi dos horas los argumentos de ambas partes.
Por un lado, los abogados de los demandantes cuestionaron la legalidad y motivaciones detrás de la cancelación del TPS, afirmando que la decisión tomada bajo la administración Trump fue de carácter racial y no consideró la situación actual de los países de origen.
Por el otro, los representantes del gobierno estadounidense defendieron la medida argumentando que se trató de una nueva interpretación de la política migratoria por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), aunque sin presentar análisis sólidos sobre las condiciones en los países involucrados, según lo relataron los asistentes.
Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre, quien estuvo presente en la audiencia, explicó que la jueza solicitó 48 horas para emitir un fallo.
"Se vieron los argumentos. Los demandantes plantearon que Trump tomó una posición racial, y que las condiciones en nuestros países no son aptas para regresar. El gobierno de Trump se miraba muy débil, no tenía respuestas contundentes", expresó Flores.
Durante la audiencia, los demandantes insistieron en que la decisión de terminar el TPS fue arbitraria, sin tomar en cuenta evaluaciones objetivas sobre la realidad actual de cada país.
Además, subrayaron que el corto plazo otorgado para abandonar Estados Unidos, 60 días para Nepal, y fechas similares para Honduras y Nicaragua en septiembre, representa una amenaza directa para miles de familias que han vivido legalmente en el país durante décadas.
“La jueza le preguntó directamente al gobierno bajo qué argumento canceló el TPS, si podía justificar con análisis las condiciones del país. No hubo respuesta clara”, detalló Flores.
Para muchos asistentes, los argumentos del gobierno carecieron de peso frente a los testimonios de beneficiarios del TPS que han construido su vida, familia y patrimonio en Estados Unidos durante más de 25 años.
“Los testimonios eran muy valiosos, gente que tiene hipotecas, casas, hijos ciudadanos. No es justo que en menos de dos meses les digan que se vayan”, añadió el activista.
La parte demandante solicitó una prórroga de al menos seis meses, con el fin de buscar alternativas legales o legislativas que permitan una solución más permanente.
Flores sostuvo que este plazo sería esencial para que Honduras, por ejemplo, pueda contar con un nuevo gobierno tras las elecciones de noviembre, que tenga la capacidad de negociar una nueva designación del TPS o una política migratoria más favorable.
“Si no se otorga esta prórroga, el impacto sería letal para nuestras familias. Tendrán que decidir entre separarse o abandonar el país todos juntos. Es una situación dolorosa y crítica”, lamentó el dirigente hondureño.
Además del esfuerzo judicial, organizaciones de migrantes están atentos a posibles movimientos en el Congreso de EE. UU., donde se han introducido propuestas como la Ley Dignidad, que podría ofrecer un camino a la residencia para beneficiarios del TPS.
Durante la audiencia, la jueza Thompson enfatizó que ninguno de los tepesianos presentes ha cometido crímenes y destacó que todos ellos han residido de forma legal en EE. UU., trabajando, pagando impuestos y contribuyendo a la sociedad.
También mostró preocupación sobre si sería factible aplicar una decisión legal solo para miembros identificados en la demanda, excluyendo al resto de beneficiarios del programa.
Se espera que mañana, antes del mediodía, la jueza anuncie si acepta la solicitud de pausa en la terminación del TPS o si permite que la medida entre en vigencia conforme a las fechas programadas: el 5 de agosto para Nepal, y alrededor del 8 de septiembre para Honduras y Nicaragua.
La expectativa es alta entre las comunidades afectadas. El resultado podría significar un alivio temporal o el inicio de una crisis humanitaria para miles de familias migrantes en los Estados Unidos.
