Apelar ante una corte, la última carta de los hondureños tras la cancelación del TPS

Tegucigalpa, Honduras.- Ya no habrá otra ampliación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los hondureños en Estados Unidos. Al menos esa fue la decisión que Donald Trump canalizó a través del Departamento de Seguridad Nacional.

La decisión, confirmada el lunes, reza explícitamente: “Luego de evaluar las condiciones del país y consultar con las agencias gubernamentales pertinentes de Estados Unidos, el secretario ha determinado que las condiciones en Honduras ya no justifican su designación para el TPS”.

Sin embargo, los hondureños todavía tienen una última carta antes de que se cumplan los 60 días previos a la publicación de la notificación en el Registro Federal: apelar ante una corte.

Organizaciones pro-migrantes de hondureños en el país norteamericano aseguran que, así como sucedió en 2018 —cuando se intentó retirar la medida de protección y el derecho a permanecer en el país—, la apelación podría frenar la cancelación del TPS.

Además, destacan que el gobierno aún tiene la facultad de extender o reasignar el estatus para Honduras, si considera que las condiciones en Honduras lo ameritan.

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El presidente de la fundación hondureña 15 de septiembre, Juan Flores, explicó a EL HERALDO Plus que "ya se está preparando en el tema legal para demandar, pero hay que ser muy estratégico y tener mucho pulso para que sea contundente la apelación de este tema".

Flores aseguró que, aunque Estados Unidos sea un país con “un estado de derecho sólido” y con total potestad de cancelar cualquier protección migratoria, no toma en cuenta que, a 27 años de ocurrido el huracán Mitch —razón por la cual se aprobó el Estatus de Protección Temporal—, Honduras sigue siendo un país tambaleante en muchos sentidos.

"En Honduras hay serios problemas, tanto políticos, sociales, económicos y de cambio climático. Incluso, congresistas están denunciando que en Honduras la democracia está en peligro y que hay una convulsión. “Y esto es lo que se va a apelar’’, aseguró el líder hondureño.

Adelantó que para acudir a instancias judiciales los harán en conjunto con otras organizaciones, "en una sola línea”, en una sola corte, como la de Nueva York o California, que se caracterizan por ser más flexibles, ya que “Honduras tiene de sobra argumentos para que no cancelen el TPS”.

El Estatus de Protección Temporal es un beneficio temporal que no conduce a una residencia permanente ni confiere ningún otro estatus migratorio, pero sí permite vivir y trabajar legalmente de forma transitoria.

También pueden recibir una autorización de viaje según las circunstancias y postularse para otros programas de inmigración o protecciones que califiquen.

Honduras ha recibido al menos 19 extensiones del TPS, pero en la décimo quinta (en 2018) el gobierno estadounidense decidió cancelarlo.

En ese entonces, hubo protestas, apelaciones y demandas legales encabezadas por organizaciones de defensa de migrantes, como la demanda Ramos v. Nielsen, que agrupó a beneficiarios de El Salvador, Haití, Nicaragua y Honduras. La demanda fue ganada y prolongó el TPS para estas naciones por un año más.

"Esto prueba que cuando nuestra comunidad se une para luchar por la justicia, ganamos. "La demanda contra la terminación racista de Trump sigue siendo un salvavidas para los beneficiarios de TPS que luchan por una solución permanente”, dijo en ese entonces José Palma, quien fungía como coordinador nacional de la Alianza Nacional TPS.

En esta ocasión, la misma organización acudió al noveno circuito del estado de San Francisco, California, para imponer nuevamente otra demanda por la cancelación del beneficio para los hondureños, pero también incluyeron a Nicaragua y Nepal.

Según Teófilo Martínez, miembro de la Alianza del TPS en Estados Unidos, ''el procedimiento —de denuncia— ya estaba planeado''. De hecho, con La Alianza Nacional ya teníamos conocimiento de lo que iba a suceder y ya se tenían los demandantes identificados, con todos los documentos listos para este momento''.

En la demanda se puso el caso de tres familias conformadas por hondureños, nicaragüenses y de Nepal (en Asia), bajo el nombre de organización, ya que "consideramos que el Noveno Circuito es más amigable con la comunidad migrante''.

De acuerdo con Martínez, la apelación es el inicio de una batalla contra el tiempo, ya que solo la respuesta a la demanda podría tomar de 2 a 5 semanas.

"Las demandas son solamente para frenar la tormenta, para frenar los vientos, y que nos dé tiempo de pelear y de educarnos para conseguir proyectos de ley que nos lleven camino a la residencia. La demanda nos ayuda mucho, pero solo es para ganar tiempo'', aseguró Martínez.

Aseguró que si el juez da un veredicto positivo para los demandantes, el TPS podría extenderse hasta 18 meses más como mínimo. No obstante, las organizaciones pronostican que conseguir una respuesta favorable podría ser complicado y el inicio de un proceso lleno de contra apelaciones por parte de los Estados Unidos.

Según el miembro de la Alianza Nacional del TPS, se trata de decisiones y procesos largos que despiertan angustia en la población, porque existe zozobra sobre los beneficios que podrían perder y están expuestos a la deportación.

Ellos "aportan económicamente tanto a Honduras como a Estados Unidos, porque uno paga impuestos aquí y tiene que mandar dinero para sus familiares en forma de remesa, y eso afecta mucho, porque uno está aquí sin un permiso de trabajo, se le dificulta más manejar sin una licencia u obtener un mejor empleo, lo que se puede adquirir con un permiso de trabajo”, argumentó Martínez.

El presidente de la fundación 15 de septiembre explicó que ellos, en conjunto con otras organizaciones, realizarán el mismo proceso, por lo que abogados especializados en temas migratorios iniciaron con la preparación de la documentación necesaria para interponer la demanda contra los Estados Unidos, argumentando que la anulación de la medida de protección migratoria es errónea.

El hondureño mencionó que la decisión de Estados Unidos se basa en que Honduras ya tiene las condiciones para concretar el retorno de los 55,000 beneficiados por TPS, pero ellos dejarán constancia que existe "una convulsión social, una convulsión política, la criminalidad no ha cesado, no hay condiciones para que nuestros compatriotas regresen seguros y a defender esa tesis”.

Sobre el procedimiento, aseguró que lo primero es interponer la denuncia. Luego el jurado la analizará y verificará si es admisible en una corte; una vez que se admite, ellos notifican si se trata de una demanda que permite detener la cancelación del TPS, entonces le dan vigencia e inicia el litigio.

"Luego de esto pues hay un veredicto de la corte. La corte sí dice que es a favor, va a venir el gobierno, el presidente Trump y con su fiscalía, con sus abogados y van a contrademandar, apelar, a decir de que no, que la misma presidenta Xiomara Castro recientemente le notificó a la secretaria (Kristi) Noem de que Honduras ya tiene las condiciones, incluso tiene el programa ‘Hermano vuelve a casa’’, comentó el defensor de los derechos de los migrantes.

Luego, aceptan la apelación del gobierno de Trump, y ellos presentan la contraapelación, en la que sigue mostrando que la presidenta Xiomara Castro no está basada en la verdad, en lo realmente está sucediendo. Muestran informes, incluso del Departamento de Estado de los Estados Unidos, sobre el tema judicial, político, de seguridad, medioambiente, etc, en Honduras.

Afirmó que están buscando interponer la demanda en cortes amigables con los migrantes, por eso Florida “es muy riesgoso, porque ahí las cortes federales en estos temas son más a la conservadoras”, mientras que en Nueva York, California o Las Vegas puede que sean más flexibles.

"Lo que sí se está haciendo ahora mismo y que se está hablando es que se tiene que hacer estrategia, pues evitar los errores que se hicieron con la solicitud de Venezuela, el cual fue bien apresurado y buscar alternativas para que sea más sólida la denuncia bajo otros argumentos y Honduras tiene de sobra argumentos para que no lo cancelen”, puntualizó.

Mientras las organizaciones preparan todo para irse a las instancias legales, muchos hondureños temen que no sea suficiente y les toque retornar a un país después de casi 30 años.

Don Efraín es uno de ellos. Emigró justo después del huracán Mitch, cuando Honduras quedó sumergida en el caos, la destrucción y la miseria.

Obtuvo el beneficio poco después, pero no fue hasta 2023 cuando decidió viajar a Honduras (el TPS les permite viajar a otras naciones si justifican el motivo ante un juez). La vio cambiada, pero la inseguridad y pobreza fueron notables.

En diálogo con EL HERALDO, el hondureño dijo temer por su futuro, sobre todo cuando lleva más de 25 años amparado en un estatus que le ha permitido trabajar, comprar una casa y sacar adelante a su familia sin tener miedo de ser deportado.

"Es preocupante para nosotros porque nuestra vida, nuestra familia está aquí y tenemos miedo de regresar al país del que huimos porque no nos garantizaban las condiciones mínimas para salir adelante. Aquí hemos avanzado, pero ahora estamos en zozobra”, comentó el compatriota.

Además, mostró temor por sus hijos, ya que ellos también están amparado en un estatus que les garantiza ciertos beneficios (el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA, por sus sigles e inglés), pero con las medidas de Trump contra los migrantes también podría quitarlo, como intentó hacerlo en el pasado.

Son al menos 55,000 los hondureños que tienen el mismo temor que don Efraín, no solo por ellos sino por sus familias. Ahora solo les toca luchar y esperar a que sea un juez el que defina su futuro, antes de que se cumplan los 60 días que el gobierno de Trump les impuso.

Un día después del anuncio de Estados Unidos sobre la cancelación del TPS, la presidenta Xiomara Castro afirmó que la decisión “es resultado de una estrategia anunciada por Estados Unidos en el marco de su campaña política”.

En su cuenta de X, la funcionaria aseguró que "representa un duro golpe para nuestros migrantes hondureños”, pero “les digo con firmeza: no están solos”.

"He instruido a nuestra Cancillería a utilizar todos los recursos que permite la ley y a redoblar el apoyo consular y jurídico para proteger sus derechos. El Gobierno de Honduras los abraza, donde quiera que se encuentren, y les asegura que mantendremos un diálogo abierto y franco con Estados Unidos, buscando una salida humana, con el fin de evitar una expulsión masiva, y apelando al interés mutuo de preservar una relación estrecha y la vigencia de los diferentes tratados internacionales”, afirmó la mandataria.

Anteriormente, el vicecanciller Antonio García dijo que si existe impugnación por parte de las organizaciones, “será un juez el que decida; está la vía judicial y la negociación”.

"Nosotros tenemos un servicio de asesoría legal disponible para los hondureños en Estados Unidos, obviamente es un golpe para más de 55 mil compatriotas”, puntualizó.