Tegucigalpa, Honduras.- La decisión de la Sala de lo Constitucional de admitir los recursos de amparo y ordenar la suspensión de investigaciones penales contra las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall y Cossette López, generó diversas reacciones en el ámbito jurídico y político, al considerar que el fallo protege derechos fundamentales y garantiza el ejercicio independiente de la función electoral.
El apoderado legal de Ana Paola Hall, Gustavo Solórzano, explicó que el recurso de amparo fue presentado ante la vulneración de derechos significativos vinculados directamente al ejercicio de la función electoral de su representada, tanto como consejera como en su momento en la presidencia del CNE.
Señaló que la acción buscaba que la Sala conociera de fondo un conflicto que trasciende lo penal y toca garantías constitucionales.
Solórzano detalló que, como parte de las pruebas, se acreditó una constancia del propio Ministerio Público que confirma que Hall estaba siendo objeto de investigaciones por supuestos delitos relacionados con su función, incluyendo señalamientos graves.
Ante ese escenario, la defensa sostuvo que antes de cualquier acción penal debía agotarse el procedimiento establecido en el artículo 234 de la Constitución de la República, referente al juicio político como mecanismo de control previo.
El abogado destacó que la Sala de lo Constitucional respaldó esta tesis al admitir el amparo y conceder la medida cautelar solicitada, ordenando la suspensión de las investigaciones del Ministerio Público.
Según explicó, el fallo deja claro que mientras no se desarrolle un juicio político en el Congreso Nacional, no pueden impulsarse diligencias investigativas ni requerimientos fiscales por hechos derivados del ejercicio de la función electoral.
Este miércoles, la Sala Constitucional, también admitió a trámite el recurso de amparo interpuesto por López en las mismas condiciones de su compañera Ana Paola Hall.
El recurso fue presentado el 30 de octubre de 2025 por su apoderado legal, Dagoberto Aspra, en defensa de la legalidad, de la institucionalidad electoral y del respeto al estado de derecho.
En el plano político, el diputado y líder del Partido Nacional, Tomás Zambrano, calificó la resolución como una decisión apegada a derecho y necesaria para proteger las garantías de las consejeras.
A su criterio, ambas funcionarias se encontraban bajo una fuerte presión institucional y política que ponía en riesgo su integridad y el desarrollo del proceso electoral.
Zambrano afirmó que las múltiples denuncias, acusaciones y ataques públicos habrían violentado los derechos de las consejeras, por lo que consideró que la admisión del amparo con suspensión del acto reclamado era la vía correcta para restablecer las garantías constitucionales y evitar el uso de instituciones del Estado como mecanismos de persecución.
Por su parte, el fiscal general Johel Zelaya reaccionó con cautela y aseguró que el Ministerio Público respeta las resoluciones emitidas por la Corte Suprema de Justicia.
Indicó que la institución se encuentra analizando el alcance del fallo, especialmente en lo relativo a las líneas de investigación que quedan temporalmente bloqueadas.
Adelantó que se sostendrán reuniones con la Unidad Especializada en Delitos Electorales para evaluar el impacto de la resolución y definir los pasos a seguir.
De su lado, el abogado constitucionalista, Juan Carlos Barrientos, manifestó: “me da mucha satisfacción este amparo porque eso me indica que la justicia se está aplicando en estos casos que se han realizado con un mal proceso, ya que tanto los magistrados del TJE y del CNE se les debe de realizar un juicio político en el Congreso Nacional si estos lo aprueban y no como lo realizó el Ministerio Público”.
Mientras tanto, la decisión de la Sala de lo Constitucional marca un nuevo capítulo en el pulso institucional entre el Ministerio Público y el órgano electoral, con implicaciones directas en el clima político y electoral del país.
