Tegucigalpa, Honduras.- Preso en la Penitenciaría Nacional de Támara deberá continuar el exsubjefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, Venancio Cervantes Suazo.
Así lo determinó la Sala III del Tribunal de Sentencia de Francisco Morazán, juzgado que por segunda vez consecutiva negó el cambio de medidas cautelares al oficial en condición de retiro, solicitadas por la defensa técnica y legal de éste.
Este miércoles se llevó a cabo una audiencia de revisión de medidas cautelares, previo a la celebración del juicio oral y público, a petición previa de los apoderados legales de Cervantes, pero el tribunal desestimó cambiar la prisión preventiva por una medida cautelar distinta: defenderse en libertad o en arresto domiciliario.
El general (r) Venancio Cervantes es un adulto mayor de 70 años de edad, condición por la que sus apoderados legales aducen que su proceso debería de llevarse estando él fuera de la prisión; según ellos, así lo manda el Código Procesal Penal.
Argumento del tribunal
"El argumento central del Tribunal de Sentencia es que no habían desaparecido los presupuestos por los cuales ellos lo habían denegado anteriormente; esto es bastante discutible", reveló Luis Romero, uno de los abogados defensores de Cervantes.
Para que el exjerarca militar pudiera defenderse fuera de la prisión, estos ofrecieron una caución o fianza hipotecaria valorada en más de 21 millones de lempiras. Parte de esas propiedades de Cervantes, son herencias familiares y no es un patrimonio que fue hecho netamente por el imputado, aseguraron sus defensores.
Romero detalló: "trajimos una resolución de la Corte de Apelaciones denegando medidas cautelares y una resolución de la Sala Constitucional que establece que cuando las personas estén acusadas y se presentan voluntariamente a la autoridad competente, a sabiendas de que van a ir presas, no se puede considerar la gravedad de la pena como un elemento para privarlos de la libertad".
Cervantes Suazo, al igual que otro de los tres imputados en el caso, Carlos Roberto Puerto Fúnez, se presentaron de forma voluntaria ante un juez, quien luego determinó enviarlos a prisión junto a Romeo Orlando Vásquez Velásquez. Ese accionar, según los apoderados, debe de valorarse para considerarlo y darle una medida distinta a la prisión preventiva.
En la audiencia anterior, el Tribunal razonó que la pena a imponer era grave y que, por lo tanto, no podían imponer medidas cautelares. Sin embargo, ya ese presupuesto desapareció desde el momento en que el 18 de marzo del presente año, su defendido se presentó voluntariamente a los tribunales, argumenta su defensa.
"Es inaudito que la Fiscalía de Derechos Humanos viole los derechos humanos de los acusados, porque él ya tiene más de 70 años y por ser una persona mayor de 70 años, de acuerdo a nuestra ley adjetiva, a nuestro Código Procesal Penal, él debería ser escuchado en libertad o al menos en arresto domiciliario", lamentó Romero.
¿Político o no?
Sobre la presunción de que Cervantes y Puerto son perseguidos políticos, por su participación militar en el golpe de Estado de 2009, Percy Elvir, abogado de Cervantes, dijo: "este proceso inició en 2009, se judicializó hasta el año 2025. La injerencia del expresidente Manuel Zelaya en cuanto a una afrenta que tiene con el general Romeo Vázquez lo llevó al arribo de presentar un requerimiento fiscal sin sustento alguno".
Elvir exteriorizó que "determinar de que es un caso político o no, o que no tiene injerencia, pues ustedes determinen cuál es la cantidad de dinero que ha ofrecido el Estado de Honduras por la presentación o la captura del señor o del general Romeo Vázquez, y por ahí determinemos cuáles son las circunstancias y cuál es la finalidad".
Venancio Cervantes Suazo y Carlos Roberto Puerto Fúnez, este último, exjefe de Fuerzas Especiales de las Fuerzas Armadas, deberán seguir guardando prisión a la espera del juicio oral y público, a desarrollarse el mes de marzo del año 2026.
Ambos son acusados de tener algún tipo de participación en el asesinato del joven Isy Obed Murillo Mencía y por asesinato en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de Alex Roberto Zavala Licona, hecho ocurrido el 5 de julio de 2009, en el marco del golpe de Estado.
