Tegucigalpa, Honduras.- La caja del Estado fue golpeada con documentos judiciales que, según las propias certificaciones de un juzgado, no tenían autenticidad. Una investigación especial del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) documentó cómo 13 exhortos atribuidos al Juzgado de Letras de Choluteca fueron utilizados para embargar L32,545,791.88 de fondos públicos, pese a que ese tribunal desconoció su emisión, firmas, sellos y actuaciones.
El informe No. 002-2026-DGSD-CSJ-C, practicado a la Corte Suprema de Justicia, revela una cadena de actuaciones que permitió que supuestas demandas laborales contra la Alcaldía Municipal de Choluteca llegaran hasta el Banco Central de Honduras y provocaran el retiro de millones de lempiras de la Cuenta Única del Estado. El TSC concluyó que existen indicios de responsabilidad penal.
El mecanismo era directo: se presentaban físicamente exhortos ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán; estos eran tramitados sin que constara la sentencia firme, el acuerdo conciliatorio o el auto de embargo que supuestamente los originaba; posteriormente se ejecutaban los embargos en el BCH y los fondos eran trasladados a una cuenta judicial para terminar convertidos en cheques de caja.
El TSC encontró que seis números de expediente correspondían en realidad a demandas contra empresas privadas, pero en los exhortos fueron modificadas las partes procesales para presentar a la Alcaldía de Choluteca como demandada.
En otro caso se utilizó un expediente real contra la municipalidad, pero con cambios en los demandantes, el abogado y la cuantía. Otros seis números de expediente simplemente no existían en los registros del juzgado.
La gravedad del hallazgo aumentó cuando el juzgado de Choluteca respondió a las solicitudes del TSC. Su secretaria certificó que 13 de los documentos examinados carecían de autenticidad y veracidad, desconoció las firmas y actuaciones atribuidas a su persona y confirmó que algunos números no correspondían a ninguna demanda laboral registrada.
También estableció que el sello utilizado en los exhortos era un sello judicial obsoleto, sustituido desde comienzos de 2025.
Uno de los casos evidencia la alteración de un expediente auténtico.
El proceso 0601-2025-00012 correspondía realmente a una demanda ejecutiva laboral contra la Municipalidad de Choluteca por L4,321,508.17, respaldada por un acuerdo conciliatorio.
Sin embargo, el exhorto utilizado en Tegucigalpa consignó otros demandantes, otro abogado y una cuantía de L2,823,606, cantidad que finalmente fue embargada en el BCH.En los seis expedientes cuyos números no existían en los registros del tribunal de Choluteca, los embargos alcanzaron L16,713,674.
Los exhortos señalaban supuestas demandas laborales y, en varios casos, tenían como representante al mismo abogado, sin aportar las fechas de las sentencias, acuerdos conciliatorios ni autos de embargo que supuestamente sustentaban las ejecuciones.La ruta del dinero también quedó documentada.
Los fondos salieron de la Cuenta Única del Estado No. 11101-01-000618-1 del BCH, fueron trasladados a la cuenta judicial No. 11101-04-000040-6 del Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán y desde allí se emitieron cheques de caja.
Los 13 embargos terminaron pagándose mediante cheques a favor del abogado que figuraba como apoderado legal de los supuestos demandantes y receptor final de los fondos.
El propio TSC establece que estos hechos provocaron un perjuicio económico de L32,545,791.88 al Estado de Honduras y advierte que los desembolsos se realizaron a partir de embargos sustentados en documentos carentes de autenticidad y respaldo legal suficiente. Por ello, los hechos contienen indicios que podrían ser objeto de investigación penal.
La auditoría también señala fallas de control dentro del Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán.
Los exhortos fueron recibidos, admitidos y ejecutados sin evidencia de una confirmación previa con el juzgado de Choluteca, aun cuando no contenían la documentación judicial primaria que debía respaldar los embargos.
El TSC identificó además la participación documental de particulares, profesionales del derecho y servidores judiciales en distintas etapas del proceso: presentación, recepción, tramitación, ejecución y pago de los embargos. Según el informe, las circunstancias encontradas podrían ser indicativas de responsabilidad penal.
El expediente ya fue remitido al fiscal general del Estado para que el Ministerio Público determine las investigaciones y acciones legales correspondientes.
El TSC pidió valorar la actuación del abogado receptor de los fondos y la intervención de los servidores judiciales que participaron en el trámite de los exhortos.
