Tegucigalpa, Honduras.– El Tribunal de Sentencia con competencia en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción declaró inocente al exdirector del centro penitenciario La Tolva y su exasesor, José Rodimiro Arita por los delitos de lavado de activos y asociación para delinquir.
Como parte del fallo, el tribunal ordenó extenderles la carta de libertad y, en el caso de Arita, su excarcelación inmediata.
El portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, explicó que ambos exfusionarios fueron absueltos debido a que las pruebas evacuadas presentadas por el Ministerio Público durante el juicio no demostraron indicios de culpabilidad.
"Ambos fueron declarados inocentes por los delitos de lavado de activos y asociación para delinquir, lo anterior porque con la prueba evacuada por los entes acusadores del Estado", explicó Silva.
Culpabilidad
No obstante, el tribunal encontró responsable a José Rodimiro Arita del delito de violación a los deberes de los funcionarios.
Según explicó el portavoz judicial, la responsabilidad penal está relacionada con el ingreso de 445 mil lempiras al centro penitenciario La Tolva, ya que el entonces director "debió informar de esa situación a las autoridades competentes" .
Abogada continuará en prisión por lavado de activos
Bajo la misma causa judicial, la abogada Dianal Zelaya Banegas, tercera implicada en el caso, fue encontrada culpable del delito de lavado de activos, por lo que continuará recluida en el Centro Femenino de Adaptación Social (CEFAS).
El caso ocurrió diciembre de 2023, cuando el Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal contra el entonces director del centro penitenciario de máxima seguridad La Tolva, José Rodimiro Arita Otoniel; su exasesor, Luis Rodríguez; y la abogada Diana Gissela Zelaya Banegas, por su presunta participación en el ingreso de 445 mil lempiras al centro carcelario.
Según la investigación fiscal, el dinero fue introducido inicialmente por la abogada y, un día después, Arita y Rodríguez fueron detenidos cuando informaban sobre la recepción del efectivo en las oficinas del Instituto Nacional Penitenciario (INP).
Casi tres años después de las capturas, el Poder Judicial informó que la audiencia de individualización de la pena concreta fue programada para el próximo 4 de agosto.
