La Corte Suprema de Justicia se pronunció en contra de la aprobación del decreto temporal de excarcelación por razones humanitarias, el que será aprobado esta semana por el Congreso Nacional.
Aún así, el Congreso procedió anoche a aprobar dicha ley en su segundo debate.
La opinión de la Corte fue solicitada por el Congreso para cumplir con el procedimiento, aunque lo expuesto por el pleno de este organismo jurisdiccional no es vinculante.
De acuerdo con la opinión de los magistrados, la ley, cuyo proyectista es el diputado Rodolfo Irías Navas, contiene disposiciones que ya están comprendidas en otras normativas aprobadas por el Congreso Nacional.
La ley es aplicable para personas mayores de 70 años que sufren enfermedades en etapa terminal, personas discapacitadas, mujeres y hombres que hayan sido sentenciados.
La iniciativa de Irías Navas sería aplicable a una gama de delitos penales, según se establece en el articulado.
Respecto a esta ley, el diputado Augusto Cruz Asensio cuestionó que esta ley sea una ventana a través de la cual los reos tengan una vía abierta para burlar la justicia.
El congresista es del criterio que “a los legisladores los ha embargado un espíritu muy humanista para presentar esta ley”, por lo cual “hay algunos que con ese espíritu la están apoyando y promoviendo”.
Indicó que en lo personal se opone totalmente a esta ley, porque cree que hay que tener mucho cuidado con el tema.
Advirtió que al aprobar esta ley, muchos de los privados de libertad que han cometido delitos, “pueden aprovecharla para evadir el castigo de la justicia”.
Sobre esa base, ejemplificó que “hay jueces que han utilizado este recurso o este beneficio de una enfermedad terminal, para liberar a reos que habían cometido delitos grandes en Honduras”.
Asensio hizo referencia a que existen personas que han cometido delitos de sicariato, asesinato, extorsión y narcoactividad, por lo que están condenadas en los centros penales, ante esa situación “no es posible que sean liberadas con una simple certificación médica que pueda otorgar un profesional de la medicina”.
Por su lado, la diputada Fátima Mena indicó que “estamos apoyando esta ley pero con algunas observaciones, en el sentido que los certificados médicos sean emitidos por un tribunal colegiado, a fin de evitar que los médicos, muchas veces ante las amenazas del crimen organizado, son obligados a que puedan dar su visto bueno en un dictamen que no es real.
