TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Dos de las principales acusaciones judicializadas por la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción están engavetadas en el Poder Judicial.
El primero es el denominado caso Pandora, que desde el mes de julio no ha tenido ningún
avance significativo.
En manos de la Corte de Apelaciones designada se encuentran una serie de recursos planteados por la defensa de los imputados y los fiscales de la Ufecic. El caso Pandora se refiere a la acusación de 38 funcionarios, entre ellos Elvin Santos, Rodolfo Irías Navas, Celín Discua y el extitular de la Secretaría y Agricultura (SAG), Jacobo Regalado.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, ellos montaron una red de corrupción que drenó a través de las organizaciones Dibattista y Todos Somos Honduras más de 282 millones de lempiras de la SAG, que fueron usados para financiar la campaña del Partido Liberal y el
Partido Nacional.
En esta misma situación se encuentra el caso “Arca abierta”, que acusó a los diputados Gladys Aurora López, Milton Puerto, Juan Carlos Valenzuela, Welsy Vásquez y otros de drenar más de 21 millones de lempiras del Congreso Nacional y la Casa Presidencial a través de la ONG Planeta Verde para gastos personales.
“Hace más de un año esos casos están en apelación, han superado el tiempo que establece el Código Procesal Penal para que se resuelvan. De nada sirve que Ufecic trabaje más de las ocho horas y fines de semanas si todo el sistema no está comprometido con la lucha contra la corrupción”, cuestionó Luis Javier Santos, jefe de la Ufecic.
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