Siete supuestas empresas fantasma estarían atrás de la venta de medicinas con fallas
y equipos médicos al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
El pasado lunes, EL HERALDO publicó en exclusiva sobre el retiro de urgencia de seis medicamentos de las farmacias del Hospital de Especialidades del IHSS.
Entre estos medicamentos se incluye la prednisona, claritromicina, candesartán, psyllium, diclofenaco y levotiroxina, los dos primeros presentaban fallas terapéuticas y los demás fallas organolépticas.
Estas denominaciones fueron dadas por el Colegio Químico Farmacéutico
en un análisis, de carácter confidencial, requerido por la pasada administración del IHSS
de acuerdo a los lineamientos seguidos en las licitaciones de medicamentos.
La primera de estas fallas
se refiere a que el producto adquirido no tuvo los efectos deseados al ser suministrado a los pacientes y en lugar de eso pudo haber generado alteraciones.
Mientras que las fallas organolépticas son las que tienen relación a la apariencia física del medicamento, es decir que el producto puede presentar mal olor, color extraño y consistencia blanda.
Al parecer estos productos fueron dispensados a un buen número de derechohabientes y pudieron haber representado riesgos para la salud ya que generan alteraciones neurológicas y pueden aumentar fallas renales ya existentes.
De los autores de este acto de corrupción las autoridades administrativas del IHSS
no brindaron detalles, indicaron que los documentos de licitación de medicamentos fueron sacados por el Ministerio Público y permanecen bajo investigación.
CNA
Sin embargo, autoridades del Consejo Nacional Anticorrupción
revelaron la investigación que se sigue a siete supuestas empresas fantasma.
Según el abogado Dagoberto Aspra, jefe de la Unidad de Investigación,
Análisis y Seguimiento de Casos, el nombre de estas empresas “sugiere que es venta de medicamentos”.
“Los contratos no existen, tenemos una parte de nuestra unidad buscando esa información en el Seguro Social, aún no aparece lo que vendían, lo que sugiere el nombre es que vendían productos médicos, porque todas tienen que ver con productos médicos”, manifestó Aspra.
Aunque indicó que la mayor parte de estas empresas nunca operaron y solo fueron utilizadas para aperturar cuentas bancarias y percibir los cheques del Seguro Social.
Detalló que en la investigación se logró identificar a dos testigos que ahora forman parte del programa de testigos protegidos del Ministerio Público.
“Ya se tomaron las pruebas anticipadas en el Juzgado de lo Penal
en la cual ellos revelaron la forma en que se constituyeron empresas a nombre de personas”, indicó.
“Estas empresas sirvieron para sacar fondos del Seguro Social
y esos fondos fueron sustraídos paulatinamente de dichas cuentas y ellos pudieron apropiarse de un dinero que hasta el momento tenemos documentado 23 millones, pero podemos creer que pudo llegar a 30 millones o un poco más”, detalló.
Explicó que hasta el momento la Unidad de Investigación ha logrado documentar los casos de dos empresas, información que ya fue remitida al Ministerio Público y actualmente se sigue el proceso de indagación para la tercera de las siete empresas.
“Mi unidad ha logrado ubicar a los socios de esa empresa y también se le va a presentar al Ministerio Público para nutrir este caso”, indicó Aspra. Aunque el director de la Unidad de Investigación se negó a mencionar los nombres de estas.
“Por el momento no le puedo mencionar, porque son empresas que son de maletín, son empresas que no son reconocidas, que se utilizaron para sacar fondos del Seguro Social, empresas inventadas”, apuntó.
Empleados
Aspra reveló que el patrón de operatividad de estas empresas es similar y hasta coincide en algunos casos en fechas de constitución de sociedad, pero no existe dirección física ni permisos de operación de estas.
Y para la creación de estas empresas estarían involucrados empleados del Seguro Social que se prestaron para cometer el millonario fraude.
“Nosotros hemos cubierto un área de la investigación que la Junta interventora todavía no ha abarcado, que es una parte donde estamos hablando de empleados de cuarta categoría, son empleados que están más abajo del gerente financiero (José Bertetty)”, reveló Aspra.
Lo lamentable, según Aspra, es que estos trabajadores ya abandonaron la institución.
“Nosotros preguntamos por ellos y realmente nadie nos da razón, hay personas que dicen que ahí están, hemos buscado dentro del Seguro Social y no están y hay personas que dicen que ya se fueron”, comentó.
“La Junta Interventora nos ha dicho que no están, que se fueron, que abandonaron su puesto, por lo que podemos concluir que ellos ya no están, abandonaron su puesto, se fueron sin renunciar, sin decir nada”, agregó.
Señaló que este abandono laboral o fuga pudo haberse realizado días después de que la
Junta Interventora
inició las investigaciones en el IHSS y conoció los demás casos que ya el Ministerio Público y el Consejo Nacional Anticorrupción habían iniciado.
Fiscalía de Derechos Humanos investiga
A raíz de la denuncia realizada por este rotativo, la Fiscalía de Derechos Humanos abrió de oficio una investigación para determinar si se puso en riesgo la vida de los derechohabientes.
La información fue confirmada este martes por Lorena Cálix, portavoz del Ministerio Público.
Cálix informó que las fiscal especial de Derechos Humanos, Soraya Morales, abrió el expediente el pasado lunes.
Indicó que el proceso incluirá una indagación desde las farmacias del Hospital de Especialidades, Almacén Central de Medicamentos
y Colegio Químico Farmacéutico.
Con los resultados de este proceso, la Fiscalía de Derechos Humanos determinará si compete a otra unidad el seguimiento de este caso.
Sumada a esta investigación se sigue el proceso abierto por la Fiscalía Contra la Corrupción
por la adquisición irregular de medicamentos que fue confirmada por el jefe de la Unidad de Apoyo, Roberto Ramírez Aldana.
