El gobierno de Honduras perdió el control del flujo de personas que salen e ingresan al país por tierra, mar y aire.
Funcionarios y empleados de la propia Dirección General de Migración y Extranjería se coludieron por acción u omisión con traficantes de personas.
Eso concluyeron las autoridades del Poder Ejecutivo al aprobar la supresión de la institución y la cancelación inmediata de todo su personal incluido su director, Venancio Cervantes.
La medida fue adoptada en medio de la crisis humanitaria generada por el masivo éxodo de menores de edad hondureños no acompañados hacia los Estados Unidos.
El cierre fue aprobado en las últimas horas en sesión de Consejo de Ministros al anunciarse la apertura del Instituto Nacional de Migración, que de ahora en adelante se encargará de dirigir las políticas migratorias hondureñas.
La nueva institución deberá formular y proponer una política migratoria, velar que se cumpla la Ley de Migración y Extranjería y su Reglamento, adoptar y aplicar las medidas necesarias para prevenir y controlar la inmigración, entre otras.
El Instituto Nacional de Migración funcionará como un ente desconcentrado de la Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización.
Su personal comenzará a ser reclutado por la Dirección de Investigación e Inteligencia del Estado previo a la aplicación de pruebas de confianza, a las cuales también se podrán someter algunos empleados de migración.
“Nos han dicho que muchos funcionarios que han estado a nivel central y también en los puntos y en las aduanas se han prestado por acción u omisión a la trata de personas, al tráfico de personas, este tema tan doloroso de los niños”, afirmó el presidente Juan Orlando Hernández.
Transición
El gobierno determinó que para dar paso al Instituto Nacional de Migración se llevará a cabo un proceso de transición que no deberá tardar más de 45 días.
Para este efecto, se designó una comisión transitoria que será encabezada por el secretario de Defensa, Samuel Reyes, y que integrarán el secretario de la Presidencia, Reinaldo Sánchez; el secretario de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, Rigoberto Chang Castillo y el director nacional de Investigación e Inteligencia, Julián Pacheco.
La comisión deberá conducir la estructuración administrativa del Instituto y también una evaluación y depuración del personal de la suprimida Dirección General de Migración y Extranjería, así como la clasificación y contratación del nuevo personal.
“Vamos a hacer un proceso de evaluación, certificación y reclutamiento del personal que integrará el nuevo Instituto y al cual tendremos la responsabilidad de certificar el personal y acompañar el proceso de reclutamiento de este personal para que tengamos en migración funcionarios certificados”, afirmó el titular de Inteligencia.
Según las autoridades, además de la vinculación de empleados con redes de traficantes de personas, la carencia de tecnología y la falta de preparación del personal originó el colapso de la institución.
El presidente Hernández advirtió que el Ministerio Público (MP) ya fue puesto al tanto de las irregularidades que se procederá a investigar para sancionar a los funcionarios vinculados en ilícitos.
En los últimos meses, particularmente en mayo y junio, las autoridades detectaron un alto porcentaje de emisión de pasaportes a menores de edad, particularmente un incremento de un 40 por ciento en la emisión de documentos a niños y un 60 por ciento a niñas.
“Se requiere implementar un sistema migratorio moderno, eficaz, eficiente y de calidad, en concordancia con los objetivos del país en materia económica, inversión, turismo, trabajo transfronterizo, seguridad interna y la defensa nacional”, informó el gobierno.
Las autoridades del Poder Ejecutivo descartaron que mientras se realice la transición se paralice la emisión de pasaportes y demás documentos de identificación competentes a Migración.
