Tegucigalpa, Honduras.- Un juez en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó auto de formal procesamiento con medidas sustitutivas contra Joel Ramos García, excoordinador de Transporte Electoral del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Según el Ministerio Público, Ramos García es acusado por los delitos de violación a los deberes de los funcionarios, fraude y negociaciones incompatibles con sus funciones.
La acusación está relacionada con el traslado irregular de maletas electorales durante las elecciones primarias del 9 de marzo de 2025, cuando un número considerable de estos materiales no llegó a los centros de votación en tiempo y forma.
Durante la jornada electoral se registraron demoras en la entrega de material en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Incluso, parte de las maletas electorales fue trasladada a los centros de votación en buses rapiditos de la ruta urbana.
Señalamientos
En la acusación presentada por el Ministerio Público, Ramos García habría extralimitado sus funciones al permitir que la empresa Ingeniería Logística y Transporte S. de R. L. de C. V., representada por Carlos Salomón Fonseca Robles, modificara las condiciones establecidas en el contrato.
El acuerdo legal establecía el uso de camiones de carga para movilizar las maletas electorales, no obstante, el día de las elecciones primarias, la empresa habría sustituido estos vehículos por buses para realizar el traslado del material.
Durante la audiencia inicial, el juez analizó los señalamientos planteados contra el excoordinador de Transporte Electoral del CNE y resolvió que continúe sometido al proceso judicial bajo medidas sustitutivas.
Próximas fechas
El proceso judicial continuará con una audiencia preliminar, programada por el juzgado para el lunes 28 de septiembre a las 9:30 de la mañana.
Ramos García enfrentará esta nueva etapa del proceso mientras las autoridades judiciales continúan analizando los hechos vinculados con el traslado de las maletas electorales.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, los delitos atribuidos al exfuncionario habrían afectado la administración pública.
