Tegucigalpa, Honduras.- Mediante un proceso expedito, el Consejo Nacional Electoral (CNE) buscará resolver la contratación de la empresa encargada del transporte del material electoral para las elecciones generales del 30 de noviembre.
Aunque se desconoce cuándo se lanzará el nuevo proceso, el órgano electoral deberá acortar plazos al encontrarse contra reloj.
La empresa Unión Latin Cargo, a la que se había adjudicado el contrato, declinó de manera definitiva, dejando desierta la licitación al ser la única participante.
A falta de proveedor, transportistas que movilizaron el material en procesos anteriores ofrecieron asumir la tarea, pero condicionaron su participación al pago de lo adeudado por el CNE.
“El día de hoy (ayer) se nos va a hacer un primer desembolso sobre lo pendiente de la distribución del material electoral en las primarias; estaríamos mirando que hay problemas con la distribución del transporte para las elecciones generales”, indicó Óscar Aguilera.
El transportista añadió: “Nosotros contamos con la experiencia de todos estos procesos anteriores y con la logística para hacerlo. Para las elecciones generales sería fundamental un anticipo del 50% y el acompañamiento institucional”.
Las condiciones planteadas —el pago de más de 60 millones de lempiras, el anticipo y la presencia de observadores— buscan disipar dudas. “Si se nos garantiza el pago, el adelanto y el acompañamiento respectivo, no tendríamos problema en participar”, afirmó otro transportista.
“Si se nos garantiza el pago, y en segundo lugar que nos den un adelanto y el acompañamiento respectivo, no tendríamos ningún problema para poder participar en el proceso”, sostuvo.
El procedimiento expedito obligará al CNE a invitar al menos a tres empresas, con plazos más cortos para adjudicación y firma de contrato.
Temor a que FF AA maneje logística electoral
El retiro de Unión Latin Cargo dejó el proceso en una zona de riesgo. Analistas advirtieron que, sin un proveedor confirmado, aumenta la posibilidad de que las Fuerzas Armadas o el aparato estatal asuman la logística.
“El problema es que las Fuerzas Armadas no tienen toda la flota necesaria. Si se recurre a la del Estado, manejada por un partido político, la preocupación es mayor”, alertó Juan Carlos Rodríguez, presidente de la Coalición Patriótica.
El presidente de la Confraternidad Evangélica, Gerardo Irías, denunció posibles maniobras políticas: “Aquí hay mano peluda. Parece que se buscó interferir para impedir un servicio independiente”, dijo, calificando de “justas” las condiciones de la empresa ante el caos vivido en las primarias del 9 de marzo.
Por su parte, Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal, acusó al consejero Marlon Ochoa de “dilatar los tiempos por órdenes de Rixi Moncada”, candidata presidencial de Libre, para dejar sin margen de reacción al CNE.
El contrato debía adjudicarse el 4 de noviembre. Cada día de retraso —según expertos— incrementa el riesgo de que el transporte del material quede bajo control militar.
El consejero Ochoa propuso a la presidenta Ana Paola Hall informar a las Fuerzas Armadas sobre el retiro de la contratista para buscar alternativas, propuesta que varios sectores consideraron improcedente.
La analista Julieta Castellanos calificó de “extraña” la salida de la empresa y rechazó el involucramiento militar. “A las 3:30 de la tarde se nos informó que estaban cerca de un acuerdo, y dos horas después se anunció el retiro”, relató.
“Luego, el consejero Ochoa propuso que las Fuerzas Armadas asumieran el servicio, sabiendo que no hay confianza en esa institución por su papel en las primarias”.
Castellanos instó al CNE a resolver el impasse de inmediato: “El país no puede seguir en esta incertidumbre por intereses presuntamente políticos”.
El analista Kenneth Madrid coincidió en que sería un error entregar la tarea a las Fuerzas Armadas: “No tienen transporte pesado ni legitimidad ante la ciudadanía. Pueden custodiar y vigilar, pero no encargarse del traslado”.
Ante el vacío logístico y la presión del calendario, distintos sectores exigieron al CNE un proceso expedito y transparente para garantizar el transporte electoral sin injerencias políticas y con seguridad.
