El anuncio de expropiaciones ha puesto en alerta al sector empresarial de Honduras, que reclama por la falta de protección del Estado a la propiedad privada; sin embargo, el gobierno sostiene que no pretende lesionar a la industria y que actuará en base a ley.
En las últimas horas, el designado presidencial, Samuel Reyes; el ministro de Agricultura y Ganadería, Jacobo Regalado; y el director del Instituto Nacional Agrario, César Ham, se reunieron con representantes del sector azucarero, a quienes plantearon la aplicación de la Ley de Reforma Agraria como la vía de resolución del conflicto de tierras.
'No es política del gobierno lesionar la industria. Existe una ley y la ley establece también los mecanismos, pero también la ley nos obliga a proteger la propiedad privada que está en orden con la ley', dijo Reyes esta mañana a la radio local HRN.
Según el designado, el gobierno de Honduras busca 'poner orden en base a ley', que ya establece mecanismos para la solución de conflictos.
En el caso específico de Azunosa, manifestó que cualquier solución debe ampararse en la legalidad y que por regulaciones internacionales, 'ellos decidieron seguir el proceso judicial. Hay varias instancias en las que se van a ir tomando las decisiones en base a ley'.
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El INA sostiene que la Ley de Reforma Agraria limita la tenencia de la tierra en el valle de Sula a 250 hectáreas y que el ingenio no solicitó la ampliación de techo en tiempo y forma ante la SAG.
Mediante esta resolución, el Estado pretende expropiar a Azunosa 3,644 hectáreas de tierra, de la 4,264 hectáreas que posee de manera legal.
Las tierras, de acuerdo a Ham, serían otorgadas a campesinos del valle de Sula.
La medida ha sido mal vista por el sector empresarial, que argumenta que 600,000 manzanas de tierras en poder del campesinado están sin cultivar.
Ley pretende convertir a campesinos en empresarios
Eduardo Villanueva, exdirector del INA, recordó que en base a ley hay dos causas para la expropiación de tierras: la ociosidad e incultura y el latifundio, cuando se sobrepasa el área permitida de terreno y que la misma no es explotada para cumplir la función social.
Villanueva recordó que 'el propósito de la reforma agraria es convertir a los campesinos en empresarios' y que si bien 'el concepto fundamental para la legalización de las tierras es la función social de la propiedad', esta pasa por la explotación eficiente de las mismas.
Asimismo, recalcó que la presencia de la agroindustria en Honduras es esencial para el desarrollo económico, para la generacíón de empleo y la incorporación de divisas a la nación, 'para la estabilidad'.
