Tegucigalpa, Honduras.- El decreto apareció en La Gaceta casi en silencio. Sin conferencia de prensa, sin anuncio oficial, sin debate legislativo.
El Poder Ejecutivo aprobó el el PCM 30-2025, publicado en La Gaceta el 14 de octubre de 2025, que autoriza el reconocimiento de la antigüedad laboral a empleados públicos que pasaron de la modalidad de contrato temporal a un Acuerdo de Nombramiento (permanencia).
Esta acción ha generado fuertes críticas de la oposición y otros sectores que ven esta medida como populista y desesperada parte del gobierno.
El decreto, firmado por la presidenta y su Consejo de Secretarios de Estado, se justifica en la necesidad de corregir una “precariedad en la contratación” del recurso humano, que fue forzada por los procesos de reestructuración del Estado y la transición de la Dirección Nacional de Servicio Civil (DGSC) a la Administración Nacional de Servicio Civil (Ansec).
Al citar el principio constitucional de que la permanencia en el trabajo debe ser la regla, el gobierno enmarca la medida como una obligación legal para subsanar un error administrativo y reforzar la estabilidad laboral.
El núcleo de la disposición radica en el Artículo 1, que permite a las Secretarías de Estado reconocer el tiempo trabajado bajo contrato siempre que la transición a la permanencia se haya dado de manera ininterrumpida.
Sin embargo, el Artículo 3 introduce una restricción crítica: el reconocimiento de antigüedad solo tendrá efectos legales para el cálculo del pago de cesantía y vacaciones.
Esto significa que, si bien se protege al empleado frente a un futuro despido, la medida no generará aportes patronales retroactivos, ni pago, ni goce de vacaciones por el tiempo laborado bajo contrato.
Una enmienda crucial dentro del PCM 30-2025 ordena el traslado de todo el personal de medios de comunicación del Poder Ejecutivo (como Canal 8 y Radio Nacional de Honduras) a la Secretaría de Planificación Estratégica.
El decreto instruye que a este personal se le deberá reconocer la antigüedad, bajo el argumento de que sus puestos solo pueden ser catalogados como excluidos si están explícitamente establecidos en la Ley de Servicio Civil.
Esta acción es vista por otros sectores como un “blindaje” administrativo directo a estos empleados, dificultando que futuras administraciones los declaren puestos de confianza o los excluyan de la carrera administrativa para facilitar despidos discrecionales.
El decreto PCM 30-2025, aunque se presenta como una corrección necesaria a la precariedad y una aplicación del derecho protector del trabajo, se enfrenta a la crítica por el momento de su emisión y su naturaleza selectiva.
Rechazo
La oposición califica la medida no como una corrección administrativa, sino como una “maniobra desesperada” del partido de gobierno, Libertad y Refundación (Libre), para retener el poder en la antesala electoral.
La diputada nacionalista María Antonieta Mejía acusó al oficialismo de abusar de los fondos públicos ante el temor de una derrota en las urnas, asegurando que el gobierno “sabe que no tiene los votos”.
Mejía sostiene que el PCM es solo una de varias estrategias para la “compra de conciencias”, mencionando la proliferación de programas sociales como el bono climático y la expectativa de otros “bonos” con fines netamente electorales.
Mejía enfatizó que se están empleando fondos públicos provenientes de los impuestos pagados por el pueblo hondureño, los cuales deberían ser invertidos en prioridades sociales en lugar de beneficiar a la candidata oficialista.
La diputada recordó que fueron los propios dirigentes de Libre quienes, en el pasado, impulsaron los contratos temporales de “200 días” para evitar castigar financieramente al Estado y limitar la permanencia del personal.
Ahora, el Poder Ejecutivo está haciendo exactamente lo que criticó de gobiernos anteriores, es decir, “una copia e igual de lo que tanto ellos criticaron”. Mejía resumió esta contradicción con una frase popular: “escupieron para arriba, la saliva les cae en la cara”, señalando que hasta la propia militancia de Libre se siente traicionada.
Esta traición y la falta de respaldo se habrían manifestado en los procesos internos recientes, donde la diputada argumenta que los votos blancos y nulos fueron una prueba “evidente” del descontento, incluso por parte de militantes coaccionados.
Finalmente, la diputada Mejía calificó el PCM como una “medida desesperada” en la recta final electoral, sosteniendo que la economía hondureña va “para atrás como el cangrejo” debido a la falta de inversión pública y el encarecimiento de la canasta básica.
Advirtió que, ante la pérdida de votos urbanos, Libre está apostando a la manipulación del voto en zonas rurales a través del bono agrícola y financiamiento social, aludiendo también a la posibilidad de que se esté “fraguando el fraude” electoral.
Lejos de ser vista como una solución esta acción es catalogada por la sociedad civil como una estrategia política recurrente con graves consecuencias para el presupuesto nacional.
Nelson Castañeda, representante de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), señaló que la práctica de asegurar la permanencia de empleados públicos en vísperas electorales es “algo histórico” en Honduras. Castañeda no dudó en catalogar la medida como “populista” y de “aseguramiento de voto”, un recurso creativo al que acuden los políticos cuando se encuentran a menos de 45 días de un proceso de elecciones generales.
El principal foco de la alerta de la ASJ es el impacto negativo en las finanzas del Estado.
Castañeda explicó que el cambio en la condición o el estatus laboral de miles de personas, promovido por este tipo de decretos, inevitablemente se transforma en demandas millonarias contra el Estado en el futuro.
Esto se debe a que las medidas, si bien ofrecen estabilidad, suelen ser insuficientes o incompletas en su aplicación, abriendo la puerta a reclamos por derechos no reconocidos o cálculos erróneos, exacerbando la litigiosidad laboral contra la República.
El representante de la ASJ reveló que las cifras de las demandas nacionales se han disparado en los últimos años: el 2021 cerró con más de 1,000 millones de lempiras en demandas; el 2022 superó esa cifra con casi 4,000 millones de lempiras, y los años siguientes (2023 con cerca de 3,000 millones y 2024 con 2,000 millones) mantuvieron la tendencia.
La gran mayoría de estos litigios se concentran en las áreas Contencioso Administrativo y Laboral, lo que confirma que las demandas son un producto directo de las “medidas populistas” que responden a intereses más políticos que de eficiencia estatal.
Castañeda hizo un llamado a la reflexión y la cordura de los gobernantes, contrastando el dinero destinado a estas demandas con las necesidades apremiantes del país.
“Imagínese usted todo lo que se podría hacer con esta cantidad de dinero en temas de salud, educación y seguridad,” cuestionó.
Subrayó la ironía de que estas decisiones “estratégicas para mantenerse en el poder” generen una afectación severa al Presupuesto de la República, un presupuesto donde precisamente se observan recortes a rubros sociales vitales como salud y educación para, supuestamente, abonar a la caja requerida para solventar las demandas futuras.
Se lamentó que este tipo de acciones continúen ejecutándose como una estrategia política cíclica en cada gobierno.
La diputada Fátima Mena, no solo lo califica como una maniobra electoral, sino que lo compara con prácticas del gobierno de Juan Orlando Hernández, sugiriendo que el oficialismo está de salida.
Mena afirmó que la medida es un claro indicador de que las encuestas internas y públicas están mostrando un rechazo al oficialismo, posicionando a la candidata de Libre en un tercer lugar.
La diputada señaló que Libre tuvo tres años para impulsar una nueva Ley de Servicio Civil a través del Congreso Nacional, en el marco de la institucionalidad, garantizando así la permanencia de los empleados.
Al recurrir a un Acuerdo Ejecutivo (PCM) en la recta final de su gestión, el gobierno demuestra una omisión legislativa grave y reconoce implícitamente que nunca fortaleció ni reformó la estructura del Servicio Civil de forma integral.
No será una carga
El director de la ANSEC, Russell Garay, justifica el PCM como una medida necesaria para garantizar el “derecho pleno” de los trabajadores que estuvieron por contrato.
Garay explica que el gobierno primero nombró a unos 14,000 empleados que arrastraban contratos continuos, y ahora el decreto corrige la injusticia de la antigüedad perdida. Esta acción es el resultado de un trabajo con las Secretarías de Finanzas y Trabajo para ajustar un vacío legal de décadas.
Garay desestima las acusaciones de impacto fiscal, asegurando que la medida “no trae ningún impacto económico” ni egresos inmediatos para el Estado.
El reconocimiento solo formaliza la obligación futura del Estado de pagar prestaciones (cesantía) y derechos de antigüedad si el funcionario cesa sus funciones.
Estima que al menos 10,000 trabajadores se benefician directamente de este reconocimiento ininterrumpido.
En respuesta a las críticas de ser una maniobra electoral, Garay afirmó que la medida es consistente con la política histórica y pro-trabajadores del partido de gobierno.
Recordando la derogación de la Ley del Empleo por Hora y los aumentos salariales como pruebas de que esta acción no es inesperada, sino la culminación de sus promesas.
