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Tegucigalpa, Honduras.- En una oficina de Tegucigalpa, un agente experto de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) conecta un teléfono celular bloqueado a su computadora. Con unos pocos clics, accede a conversaciones, fotos y datos, incluso si los datos han sido eliminados, que podrían ser clave para resolver un caso.
Esta escena, que parece sacada de una película de espionaje, es posible por una herramienta israelí de extracción de datos utilizada por fuerzas del orden, gobiernos y por personas naturales, llamada Cellebrite Premium.
La tecnología, según la Secretaría de Seguridad, tiene un propósito claro: acelerar las investigaciones criminales, obteniendo información que vincule a sospechosos con hechos delictivos.
Conversaciones de chat, registros de llamadas, mensajes de texto y datos de aplicaciones quedan al descubierto con un solo escaneo.
En el pasado reciente estos procedimientos debían realizarse en el extranjero, especialmente en Costa Rica que brindaba asistencia judicial, lo que demoraba los procesos. Ahora, con esta herramienta, la investigación es mucho más rápida.
Uno de los casos de alto impacto donde se está empleando Cellebrite Premium es el asesinato del ambientalista Juan López.
En esta investigación, la DPI accederá a la información contenida en 10 dispositivos móviles, buscando conexiones entre los implicados y rastreando cada interacción digital que pueda aportar pruebas.
La Secretaría de Seguridad enfatiza que su aplicación está regulada por órdenes judiciales y se utiliza exclusivamente en investigaciones criminales.
Mientras las autoridades aseguran que esta herramienta tecnológica forense es un aliado clave en la lucha contra la delincuencia, la discusión sobre su impacto en la privacidad y los derechos ciudadanos apenas comienza. La línea entre seguridad y vigilancia masiva es delgada, y en manos equivocadas, podría ser difícil de distinguir.
Sin embargo, el uso de herramientas como Cellebrite Premium no está exento de controversias.
En Honduras, organismos de derechos humanos han expresado una enorme preocupación por el uso excesivo de la fuerza y violaciones a los derechos fundamentales por parte de agentes de seguridad, más ahora que se está criminalizando la protesta por parte de la Secretaría de Seguridad.
Además, informes internacionales han señalado que la falta de un sistema efectivo de protección y las investigaciones inadecuadas alimentan un ciclo de impunidad en el país.
A nivel global, organizaciones internacionales han alertado sobre el potencial del software y similares, incluyendo herramientas de extracción de datos, que podrían ser utilizadas para reprimir a la sociedad civil, periodistas, ambientalistas y violar derechos humanos.
En un informe reciente de Amnistía Internacional se establece que el software, "permite extraer datos de una amplia gama de dispositivos móviles, incluidos algunos de los modelos más recientes de Android y iPhone, incluso sin acceder a la contraseña del dispositivo.
Aunque técnicamente sea un programa menos avanzado que otros programas espía comerciales altamente invasivos como Pegasus, NoviSpy".
En el contexto nacional, líderes de la oposición política, periodistas y defensores de derechos humanos han denunciado que se han hecho intervenciones de sus dispositivos telefónicos durante el actual mandato gubernamental.
¿Herramienta de justicia o potencial amenaza?
El abogado penalista y experto en seguridad, Wilfredo Rubio, manifestó que esta es una herramienta que se usa hace varios años en distintas partes del mundo.
"Lo que deben garantizar las autoridades es mantener vigentes las licencias para que de esta forma las investigaciones sean continuas y no se atrasen los procesos", agregó Rubio.
Además, se debe asegurar que todas las intervenciones que se hagan sean bajo la normativa legal que rige el país.
"Estas herramientas digitales son bajo control jurisdiccional, si no se considera una prueba ilegal, siempre debe haber un juez que debe ordenarlas en tiempo y forma", recalcó el abogado.
El uso de este software es muy necesario, de acuerdo con los expertos porque que facilita las investigaciones, por el acceso que se tiene a información de mucha importancia que siempre es compartida en un dispositivo.
"Con esto la Policía y el Ministerio Público reconocen la necesidad de la innovación tecnológica en el análisis criminal, que es una necesidad y prioridad que debe existir en nuestro sistema de justicia, y lo vemos con el caso del ambientalista Juan López", expresó Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia en la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
Para Castañeda, se debe invertir más en este tipo herramientas tecnológicas para que ayuden a salir a Honduras de esas listas de países más violentos de la región.
"Desde 2022 al 2024, Honduras ha invertido más de 88 mil millones de lempiras en instituciones del sistema de justicia y no vemos la inversión en este tipo de software que al final vienen a ayudar y hacer más efectiva la investigación criminal", enfatizó el experto.
Al ser un sistema donado, este se debe usar bajo medidas que garanticen su buen uso, protección y resguardo.
"Es una herramienta invasiva, por lo que debe haber un perito juramentado para la extracción de la información, ya que accede a toda la información, básicamente deja desnudo el aparato telefónico", detalló Castañeda.
Siempre y cuando el sistema sea usado de la mejor manera, se tendrán buenos resultados en las investigaciones que se realicen, dijo.
Cellebrite Premium es una solución avanzada de análisis forense digital diseñada para que las autoridades de seguridad accedan, desbloqueen y extraigan información crítica de dispositivos móviles iOS y Android.
La herramienta permite superar obstáculos como contraseñas, cifrados y contenido eliminado, facilitando el acceso legal a datos esenciales para investigaciones.
