TEGUCIGALPA, HONDURAS. -Diputados y exdiputados del Congreso Nacional (CN) se han escudado en las denominadas Organizaciones no Gubernamentales (ONG) para evitar justificar más de 4,800 millones de lempiras erogados por concepto del Fondo Social Departamental.
Fue a través de este mecanismo que desde 2006 hasta finales de 2017 algunos diputados erogaron fondos públicos para llevar proyectos de desarrollo social a sus comunidades.
Aunque no se tiene precisión de cuantas ONG recibieron y manejaron a su antojo los recursos, en el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) afirman que solamente 125 liquidaron los fondos transferidos por la Secretaría de Finanzas.
“Las liquidaciones fueron presentadas por las entidades que ejecutaron los proyectos, es decir, ONG, asociaciones, fundaciones, municipalidades, patronatos.
Algunos gestores (diputados) hicieron acompañamientos en la presentación de las liquidaciones a fin de contar con seguridades de ese acto”, estableció el ente contralor ante las consultas hechas por EL HERALDO.
También se indicó que una vez recibidas las liquidaciones se verificó que los diputados únicamente gestionaron la asignación de recursos para las entidades ejecutoras.
El Congreso Nacional reformó el 18 de enero de 2018 la Ley Orgánica del Presupuesto para que se ordenara al TSC que hiciera durante dos años una auditoría del Fondo Departamental de los períodos 2006-2010, 2010-2014 y 2014-2018.
El TSC investiga a 768 diputados, los que se mantiene bajo investigación, a razón de 128 titulares e igual número de suplentes multiplicados por los últimos tres períodos legislativos.
Hasta ahora, las investigaciones que realiza el TSC no han tenido resultados. “La auditoría e investigación especial se encuentra en proceso, las primeras asignaciones de trabajo se giraron a partir del 15 de octubre del año en curso, esperando tener los primeros resultados próximamente. Previo se inició un proceso de conciliación de liquidaciones con información otorgada por la Secretaría de Finanzas”, arguyó el TSC a través de un mensaje enviado a EL HERALDO.
Para ejecutar las auditorías, el TSC creó el Departamento de Auditorías del Fondo Departamental, conformado por 16 auditores que fueron designados luego de un proceso de selección. Además, cuenta con un director, un subdirector y su equipo de apoyo.
Hasta el 8 de noviembre, la Secretaría de Finanzas desembolsó 22.2 millones de lempiras, de los 25 millones aprobados para este año.
El Fondo de Desarrollo Departamental tuvo su génesis en el año 2006, mientras fungía como presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti, y en la Presidencia, Manuel Zelaya.
Nació en el marco de la Estrategia de la Reducción de la Pobreza (ERP) inscrita en las Disposiciones Generales del Presupuesto de ese año.
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Indagaciones
Los avances en las investigaciones del uso del Fondo Departamental ahora son muy pocos y en las que se han judicializado encontraron un freno en el Poder Judicial, donde fueron engavetadas.
Pese a ello, la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) del Ministerio Público mantiene bajo investigación a más de 700 diputados y exdiputados que supuestamente administraron mal más de 1,400 millones de lempiras.
“Pronto habrá noticias de estos casos, las investigaciones están avanzadas”, reveló a EL HERALDO una fuente ligada a las investigaciones.
Sin embargo, las indagaciones encuentran un freno en la mismas disposiciones de la Ley del Presupuesto, que indica que mientras el TSC esté realizando dicha auditoría e investigación especial “no procederá ninguna acción judicial para reclamar ningún tipo de responsabilidad, sea esta administrativa, civil o penal.”
De acuerdo a la tesis de la Ufecic, muchos de los diputados que manejaron fondos que originalmente eran destinados para los proyectos hicieron que terminaran en sus bolsillos.
El Fondo Social de la Deuda Externa (Fosdeh) es del criterio que el Fondo Departamental contiene todas las características de ser un mecanismo de instrumentalización o de proselitismo político, representa un claro conflicto de interés como lo ha esgrimido la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih) en la denuncia presentada ante la justicia, red de diputados.
Más de 4,800 millones de lempiras se han erogado desde el 2006 por concepto del Fondo Departamental y en doce años tan solo 350 millones de lempiras se han liquidado de este cuestionado programa por los diputados y excongresistas ante el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
Lo anterior representa el 7.3% de los recursos que se destinaron durante esos tres períodos en el Congreso Nacional (2006-2010; 2010-2014 y 2014-2018), de acuerdo con un reporte del ente contralor del Estado al 6 de agosto de este año y que tuvo acceso EL HERALDO.
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