Honduras

Diputados exigirán reforma a la Ley de Clasificación de Documentos

Vicepresidenta del Legislativo, Lena Gutiérrez, afirma que están abiertos a revisar los temas que sean necesarios y creen preocupación, sin que se pierda espíritu de la legislación.

12.03.2014

Sectores de oposición en el Congreso Nacional anunciaron que pedirán reformas a la Ley de Clasificación de Documentos por considerar que violenta la transparencia.

Luis Redondo, parlamentario del Partido Anticorrupción, expresó que ese grupo político “se ha declarado en alerta desde el momento en que la citada ley ha salido publicada sin que se le hayan hecho las reformas prometidas y, en ese sentido, vamos a pedir que se hagan las reformas correspondientes”.

La Ley de la Clasificación de los Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad Nacional fue publicada en el diario La Gaceta el 7 de marzo, pese a que el Legislativo prometió mantenerla en suspenso hasta que se le hicieran ciertos cambios a fin de que no chocara con normas relacionadas a la transparencia.

Esta ley se aprobó primero con el nombre de Ley de Secretos Oficiales a inicios de enero, pero fue suspendida ante la andanada de críticas de varios sectores que apuntaron que la misma violaba convenios de derechos humanos y de combate a la corrupción.

La norma no fue discutida y finalmente se aprobó el 24 de enero con el nombre de Ley para la Clasificación para los Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad Nacional y conserva mecanismos para que el Estado blinde documentos que a su juicio puedan generar “efectos institucionales no deseados” o causen daños a la seguridad del país.

Redondo manifestó que la bancada del Pac se ha declarado en alerta y al igual que otros sectores pedirá la revisión de este decreto, cuya intencionalidad podría ser ocultar información para proteger grupos o actos de corrupción.

“Yo estoy de acuerdo que haya protección a la información cuando esté de por medio la vida de una persona, pero no estamos de acuerdo que bajo esa legislación se puedan argumentar cosas como para que no se destape toda la podredumbre del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), por ejemplo”, remarcó.

Blindaje

Según la nueva ley existen cuatro categorías de información que serán objeto de clasificación o secretividad: reservado, confidencial, secreto y ultrasecreto.

El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad es el ente autorizado para declarar la secretividad de la información y esta solo podrá ser desclasificada a petición del Ministerio Público cuando se justifique y se requiera acceso a esos documentos para realizar investigaciones.

La información reservada se podrá declarar en caso de que esta pueda producir “efectos institucionales no deseados” en cualquier tema, no solo relacionado a seguridad.

La declaración de reserva desaparecerá luego de cinco años.

Mientras, la información confidencial se decretará cuando la misma potencialmente “dañe o perjudique” la seguridad nacional y permanecerá en opacidad durante 10 años.

Por su lado, la declaración de información secreta se aplicará en casos en que el material “eventualmente cause daños internos y externos a la seguridad”.

La duración de la secretividad será de 15 años.

Finalmente, el nivel de ultrasecreto será para los documentos que posiblemente causen un “daño interno y externo excepcionalmente grave” a la seguridad del país.

Los documentos ultrasecretos estarán bajo privacidad durante 25 años.

Lena lo ve bien

La vicepresidenta del Congreso, Lena Gutiérrez, expresó que la Ley de Clasificación de Documentos no es improvisada, la misma tuvo mucho estudio por parte del Consejo de Defensa y Seguridad y fue aprobada por una mayoría en la legislatura anterior.

Destacó que el Congreso está abierto a cualquier revisión, el presidente de este poder del Estado ha sido claro que hay disposición de revisar los temas que sean necesarios, pero sin que se pierda el norte de esta legislación, que es que el Consejo de Seguridad clasifique la información en temas relacionados con la defensa y seguridad nacional.

Por su parte, el diputado Jari Dixon, del partido Libertad y Refundación, declaró que esta ley viene a debilitar el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) ya que le cercena varias de sus atribuciones y por lo tanto exigirá que sea modificada.

El IAIP, según la Ley de Transparencia, puede declarar secreta o pública la información relacional al manejo del erario, pero ahora, la Ley de Clasificación de Documentos establece que el Consejo también tiene esa atribución.

Lo que no deja claro la Ley de Clasificación de Documentos es qué sucederá cuando el Consejo de Defensa y Seguridad declare secreta una información y el IAIP diga lo contrario.

El representante de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), Josué Murillo, calificó como “inmoral” y un hecho “ambivalente” que primero el gobierno firme un pacto con Transparencia Internacional para combatir la corrupción y después publiquen una ley que habíamos detenido nosotros, la sociedad civil, junto con el IAIP y otros sectores.

Murillo consideró que esta ley es una afrenta contra la libertad de prensa porque, ademas de restringir el acceso a la información mediante las declaratorias de secretividad, obliga a que la ciudadanía denuncie cuando un documento restringido esté en poder de un reportero.

Abogados preparan recurso contra ley

La Barra de Abogados Hondureños Anticorrupción prepara un recurso de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Clasificación de Documentos, que entró en vigencia el pasado viernes.

Lo que pretenderá la Barra de Abogados con interponer dicho recurso no es obtener una sentencia, sino significar que existe oposición ante ‘actos dolosos, perversos, de opacidad y ocultismo que tiene el gobierno de la República del Partido Nacional, contra la población en general”, dijo Rafael Padilla, coordinador de la Barra de Abogados y diputado del Partido Anticorrupción.

Un equipo de abogados inició el estudio de dicha ley para detallar los artículos que se contraponen con la Constitución.

“El asidero jurídico es el derecho a la democracia, a la participación ciudadana, el derecho a la igualdad que tenemos todos los ciudadanos a obtener la información de los recursos públicos, decisiones del estado, del actuar de las autoridades”, dijo.

El recurso de inconstitucionalidad se presentará en la próxima semana.

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