Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional inició este jueves -1 de octubre- el trámite formal de las iniciativas remitidas por el Poder Ejecutivo orientadas a habilitar el uso de activos financieros líquidos bajo custodia estatal.
Las reformas legales permitirán canalizar los fondos incautados a estructuras delictivas para financiar la operatividad de los organismos de defensa e inteligencia del país.
Las propuestas remitidas por la Secretaría de la Presidencia contemplan la creación de la Ley Temporal de Descentralización de Activos Financieros Incautados de la Cuenta Única del Tesoro.
Asimismo, el proyecto plantea reformas sustanciales al artículo 78 de la Ley de Privación Definitiva de Dominio de Bienes de Origen Ilícito para autorizar la distribución anticipada de los recursos administrados por la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).
La normativa establece un esquema legal de protección para garantizar los derechos de restitución en caso de que los titulares de los bienes obtengan resoluciones judiciales favorables.
Bajo esta figura, la Secretaría de Finanzas actuará como aval institucional para devolver los fondos reclamados en un plazo no mayor a 30 días posteriores al fallo firme emitido por los tribunales competentes.
Las iniciativas leídas en el pleno legislativo pasarán a dictamen de las comisiones ordinarias para estructurar el proyecto definitivo.
Los diputados buscan asegurar que la redacción respete las normativas de combate al lavado de activos y los tratados internacionales suscritos por Honduras.
"Hay un proyecto que se está trabajando aquí en el Congreso Nacional para que a través de la OABI se pueda utilizar los dineros que están ahí congelados, que han sido parte de incautaciones, para que se pueda fortalecer tanto a la Secretaría de Seguridad, Secretaría de Defensa, cuerpos de inteligencia y otras instituciones", expresó Marcos Paz, presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional.
El titular de la comisión explicó que la inyección presupuestaria operará de manera independiente al Presupuesto General de la República.
La disponibilidad de estos fondos líquidos permitirá dotar de equipamiento logístico, herramientas tecnológicas y recursos operativos a las fuerzas del orden.
Asimismo, la propuesta legislativa busca optimizar la gestión de activos monetarios que permanecen inactivos a causa de procesos judiciales prolongados.
Con esta modificación, el Estado busca convertir el patrimonio decomisado al crimen organizado en un mecanismo directo de financiamiento para combatir la delincuencia.
"Es una considerable cantidad de dinero que está ahí congelada prácticamente en la OABI y que es preferible moverlo en materia de seguridad para poder combatir la criminalidad, y si posteriormente alguna de las personas incautadas gana una demanda, va a ser la Secretaría de Finanzas quien va a servir de aval", afirmó Paz.
El congresista enfatizó que la comisión revisará minuciosamente el articulado para garantizar el estricto cumplimiento de los estándares fijados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El informe favorable de las comisiones permitirá someter las reformas a su discusión en tres debates dentro del Hemiciclo Legislativo.
"Estamos hablando de operatividad, tecnología e inteligencia, de una serie de aspectos que necesitan todas estas instituciones que nos brindan seguridad, tanto la Policía Nacional, la Policía Militar del Orden Público y los cuerpos de inteligencia", señaló el presidente de la comisión.
Las autoridades del Congreso prevén que el dictamen final sea sometido a consideración del pleno en las próximas sesiones.
