Tegucigalpa, Honduras.- El juzgado en materia de crimen organizado, medioambiente y corrupción, dictó detención judicial contra Gustavo Flores Carbajal, administrador de Koriun Inversiones en Choluteca quien figura como la cuarta persona implicada por este caso de estafa.
De acuerdo a Bárbara Castillo, portavoz del tribunal mencionado, Flores Carbajal no pudo justificar la procedencia legal de los más de 52 millones de lempiras. Esta millonaria cifra estaba depositada en cuentas personales.
La audiencia inicial contra Flores Carbajal quedó programada para el jueves 19 de junio a las 9 de la mañana. En esta etapa, el juez determinará si continuar el caso dictando un auto de formal procesamiento, o concluir con un sobreseimiento definitivo o provisional.
Gustavo Flores Carbajal fue capturado el pasado 14 de junio, al ser acusado por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) por el delito de lavado de activos.
La FESCCO detalló que Flores Carbajal "manejó de forma antojadiza en sus cuentas personales" más de 52.4 millones de lempiras (en total, son 52,482,170.32 lempiras) que provenían del dinero de los inversionistas de Koriun.
Desde el pasado 23 de abril, fecha en la que se aseguraron las instalaciones de Koriun Inversiones luego de que el Ministerio Público (MP) abriera una investigación de que esta financiera operaba bajo un esquema de estafa Ponzi, solo se han acusado a cuatro personas.
Los ciudadanos que han sido formalmente acusados por la fiscalía son Ivan Abad Velásquez Castro, gerente de Koriun; Kefi Esmeralda Gavarrete Sánchez, administradora de Koriun y esposa de Iván Velásquez; Marcos Abel Villeda Galdámez, empleado de contabilidad de Koriun; y Gustavo Flores Carbajal. Todos ellos son acusados por la FESCCO por el delito de lavado de activos.
Iván Velásquez repartió más de L400 millones
Según informes sobre la investigación de Koriun Inversiones, Iván Velásquez repartió más de 400 millones de lempiras entre familiares y personas de confianza.
Además de su esposa, Velásquez operaba junto a su hijo, quien era administrador de la sucursal de Koriun en Catacamas (Olancho), así como también su nueva pareja formaba parte de este esquema.
De igual forma, Velásquez empleó a familiares de su nueva pareja, quienes se encargaban de gestionar contratos y recibos para atraer nuevos contribuyentes a esta entidad financiera que operaba sin autorización de la Comisión Nacional de Bancos Seguros (CNBS).
Koriun Inversiones se expandió por varios municipios de seis departamentos del país. De acuerdo al MP durante las operaciones de aseguramiento, se encontraron 358 millones de lempiras en efectivo las distintas sedes, siendo almacenados en pailas, bolsas plásticas y cajas. A esto se le suman más de 69 millones de lempiras depositados en cuentas bancarias.
Las cuentas bancarias fueron congeladas, pero el dinero en efectivo no fue decomisado. En lugar de ello, se le instruyó a Velásquez a utilizar estos fondos para hacer las respectivas devoluciones a los inversionistas. Sin embargo, no cumplió con esta orden.
Cuando comenzó la devolución a los aportantes utilizando dinero de las cuentas bancarias que posteriormente se descongelaron, los fondos fueron insuficientes para cubrir a los afectados, causando malestar e incertidumbre en miles de personas que depositaron su dinero en esta empresa con la esperanza de multiplicar el dinero.
Koriun Inversiones sedujo a miles de hondureños al asegurarles que podían obtener intereses de un 20% como ganancia mensual, algo que resulta insostenible, de acuerdo a expertos en finanzas y economistas.
A las personas se les hacía creer que su dinero era invertido en materias primas y petróleo, con inversiones en países como Qatar, Estados Unidos, España y Canadá.
Mientras Iván Velásquez y los otros tres imputados continúan con su proceso judicial, miles de personas siguen con temor de si recuperarán su dinero. Ante ello, en diversas ocasiones se han desatado protestas exigiendo respuesta, principalmente en el municipio de Choloma.
El gobierno de Honduras ha contemplado utilizar fondos del Estado para apoyar a las personas que habrían sido víctimas de estafa por Koriun Inversiones, pero esta alternativa no ha sido bien vista por expertos ni por la oposición política.
