La rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, aseguró este viernes que los responsables del deterioro institucional que ha generado tanta inseguridad, son los funcionarios que estando en posiciones de poder, no tomaron las decisiones o no quisieron tomarlas.
Castellanos participó junto al ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla, en un foro de la radioemisora HRN, donde se trató el tema, en momentos que el Congreso Nacional
pedirá a los operadores de justicia explicar las acciones que realizan
para mantener la paz en el país.
'Vemos una penetración del crimen en el Estado, si es por miedo, es por colusión o por corrupción, no nos compete a nosotros sentenciar, pero deben darse cuenta que analizamos y entendemos, que algo no funciona', dijo la socióloga.
Agregó que esa es la petición que se hace al Congreso Nacional, 'un hasta aquí, que ya basta de enredos, de hacer leyes que no funcionen y que se revise la estructura legal, el desempeño y quién no merece estar en el cargo que se tomen acciones'.
La rectora recordó el caso de la avioneta que permaneció en el país por 20 días y nadie tenía ninguna información de la misma, mientras las autoridades de gobierno viajaron hasta México a investigar.
'En ese momento, la gente se rio, talvez se mofó, pero no se dio cuenta que eso era un sintoma de deterioró institucional'.
Castellanos explicó que Honduras llegó de manera progresiva a esta situación, ya que al principio el problema era que las personas eran asaltadas y al ir a poner la denuncia, reconocía a hechor.
Estas acciones fueron escalando hasta llegar a los niveles de violencia hasta convertir a Honduras en un territorio mafioso, un contrapoder que ha sobrepasado las capacidad del Estado porque lo lleve ante la justicia.
'En cinco años Honduras será un país invivible, por lo que el Estado debe asumir su función de rescatarlo y para ello es necesario que los funcionarios asuman el compromiso'.
Por su parte, el ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla
compartió el análisis y dijo que es para revertir esta situación es necesario fortalecer a las instituciones y a la personas, capacitandolas para que realicen su trabajo.
Sin embargo, lamentó que cuando se lleva ante las autoridades a un miembro de la Policía porque ha cometido un delito, es desmoralizante para los demás, que sólo le den medidas sustitutivas.
Asimismo, recomendó que se defina un procedimiento expedito que permita que las personas que han cometido delitos sean puestas a las órdenes de los tribunales de justicia.
'No se trata de escudriñar a los 10 u 11 mil miembros de la Policía Nacional, se trata de tomar acciones concretas con quienes están cometiendo hechos delictivos, que sea un indicio que se va en serie y sea un disuasivo para quienes quieran portarse mal y no lo hagan', concluyó.
