Honduras

Martes inician comparecencias de funcionarios

Vienen destituciones, asegura el vicepresidente del Congreso Nacional, Marvin Ponce.

07.04.2014

La rendición de cuentas de todos los operadores de justicia inicia el martes de la próxima semana con la comparecencia en la sesión del pleno del Congreso Nacional de las autoridades de la Secretaría de Seguridad, anunció el diputado Mario Pérez, presidente de la Comisión que revisará la conducta administrativa de estos organismos.

En dicha comparecencia estarán el ministro Pompeyo Bonilla, el director de la Policía, Juan Carlos Bonilla Valladares, y el titular de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), Eduardo Villanueva, sobre el tema central de la depuración policial y el fracaso de las políticas de seguridad del gobierno Lobo Sosa.

El diputado Marvin Ponce, que integra dicha comisión, aseguró que en veinte días se tomarán medidas extraordinarias, tras las comparecencia de estos funcionarios. “La decisión está en el Presidente de la República (Porfirio Lobo) y yo creo, y estoy casi seguro, que el director de Evaluación de la Carrera Policial (Eduardo Villanueva) va para afuera…yo estoy casi seguro que va para afuera, no creo que se sostenga mucho”. Ponce no precisó en torno a la fecha en la que estaría ocurriendo la destitución del director de la DIECP, pero dijo que “en los siguientes 20 días tiene que haber una decisión”.

Sin embargo, Ponce no explicó sobre qué base sería destituido, ya que el propio ministro Pompeyo Bonilla ha afirmado que la depuración no avanza porque no se quitaron del camino todos los obstáculos legales y administrativos.

El propio presidente Porfirio Lobo admitió que hay que hacer más reformas a la ley para que la depuración sea efectiva.

La DIECP ha concluido 230 expedientes, los cuales fueron remitidos a Seguridad para su destitución. Sin embargo, tal y como lo reveló en exclusiva EL HERALDO el pasado 4 de marzo, apenas siete elementos han sido destituidos desde que inició el proceso de depuración. Además, la DIECP ha revelado que hay en curso casi un centenar de investigaciones al patrimonio económico de los policías y se han remitido unos 63 expedientes a la Fiscalía para que proceda a acusar. Esta semana, la organización Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) pidió al Congreso Nacional la remoción de su cargo al titular de la DIECP.

Turno al fiscal

El miércoles la invitación es para el Ministerio Público, cuando se espera el informe del Fiscal General, Luis Alberto Rubí.

El diputado Mario Pérez informó que en esta comparecencia se quiere conocer aspectos importantes del accionar de esa institución y que responda sobre señalamientos en su contra vertidos en distintos informes.

El cargo de Rubí ha estado en la picota, después que sendos informes señalan las debilidades que tiene el Ministerio Público. Uno de estos informes fue financiado por el gobierno de Estados Unidos mediante la contratación de expertos latinoamericanos.

La Corte Suprema

Las audiencias se cierran el jueves con la exposición que haga el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilés, sobre el accionar de la Sala de lo Penal y los distintos jueces encargados de impartir justicia, sobre todo contra el crimen organizado, el narcotráfico y otros delitos relacionados con la violencia y la impunidad en el país.

El diputado Mario Pérez explicó que el propósito es evaluar el desempeño de estos operadores de justicia, vamos a evaluar los resultados obtenidos, hay temas concretos como el de la depuración de la Policía, así como se han desempeñado los fiscales y los jueces con sus acciones al combate de la criminalidad.

Pérez recordó que el Congreso Nacional aprobó un paquete de leyes para apoyar a estos organismos en el combate de la inseguridad. Sin embargo, diversos sectores advirtieron en su momento al Congreso Nacional las debilidades de esas leyes que se aprobaban y que se mostraban como la panacea en el combate a la criminalidad. Citó por ejemplo que la Ley Orgánica de la Policía Nacional ha sido reformada en cinco ocasiones y no se ven resultados de depuración.

Curiosamente, el proyecto de la Comisión de Reforma, en torno a la ley orgánica, sigue engavetado. Por su lado, el diputado liberal José Alfredo Saavedra indicó a título personal que estaba en contra de las destituciones de funcionarios en este momento.

“Honduras no necesita mensajes de intimidación, si no que todos trabajemos en una sola dirección por mejorar la seguridad y la justicia”, señaló.

Saavedra consideró “normal” que el Congreso Nacional requiera a los operadores de justicia para que justifiquen su desempeño en las instituciones que se les han asignado. Es una función contralora del Congreso escuchar a todos los funcionarios del Estado sin excepción, afirmó el congresista.

Expuso que escuchar a estos funcionarios es oportuno y necesario para tomar decisiones correctas en función de la paz y la tranquilidad de Honduras.

Estructura de la DIECP tiene falencias

El coordinador de la Comisión de Reforma a la Seguridad Pública (CRSP), Jorge Omar Casco Zelaya, considera que la estructuración de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) “contiene falencias” y que la capacidad de los gestores de la aplicación de los instrumentos, así como la capacidad de esos instrumentos “son los que es necesario evaluar para cambiarlos y cumplir con la misión que le ha sido encomendada”.

“Nosotros compartimos el punto de vista de la APJ, que denuncia la poca efectividad del proceso de depuración policial por parte de la DIECP”, enfatizó Casco Zelaya. Nosotros manifestamos el año anterior “que no certificábamos el proceso de depuración que la DIECP estaba realizando, por lo que creemos que es necesario una reestructuración de la DIECP para hacerla más eficiente y más eficaz”.

Recordó que existe un informe de expertos que analizaron el trabajo de la DIECP donde dieron a conocer graves deficiencias “y nosotros compartimos ese informe y por eso nosotros calificamos la labor de la DIECP como una labor que no puede ser certificada por la CRSP”. Ante esa situación, la CRSP considera que si se reestructura la DIECP aunque se conserve la parte del personal “sentimos que podemos tener una dirección calificada para realizar su trabajo”.