Los resultados casi nulos relacionados al proceso de depuración de la Policía Nacional, donde la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), emite resoluciones de despido y no se concretan, han sido el detonante para que miembros de la sociedad civil soliciten la remoción de los titulares de dicha institución.
EL HERALDO publicó en exclusiva el pasado 4 de marzo que policías aplazados continúan en la Policía Nacional gozando de los beneficios y algunos de ellos que fueron nombrados en puestos de dirección.
En esa oportunidad, EL HERALDO reveló que de una lista de 33 miembros de la Carrera Policial que no aprobaron las pruebas de confianza, entre ellas el polígrafo o “detector de mentiras”, toxicológicas, psicométricas, sociológicas y patrimoniales, solo siete oficiales fueron separados, mientras que el resto continúa en la institución.
Las notificaciones fueron enviadas por la DIECP al director de la Policía, Juan Carlos Bonilla y al ministro de Seguridad Pompeyo Bonilla, para que realizara las acciones administrativas correspondientes para cancelar a los agentes que resultaron “aplazados”.
Ante esa situación Pompeyo Bonilla afirmó que es él quien debe ser investigado por firmar ascensos a oficiales reprobados en las pruebas de confianza y que “estaría dispuesto a presentarse en los Tribunales de Justicia en caso de que se lo pidieran”.
“Yo quiero decirle que si se está promoviendo una investigación, no tiene que ser contra el general Juan Carlos Bonilla, tiene que ser contra el ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla, que fue quien firmó esos acuerdos”, declaró.
“Yo me someto a la ley y de acuerdo a la ley, hago mis actuaciones y si por eso me toca ir a responder a los tribunales de justicia, estoy en la mejor disposición de ir a los tribunales de justicia”, dijo.
“Si la ley establece que una persona tiene que ser promovida en grado inmediato superior, yo cumplo con lo que establece la ley”, concluyó Bonilla.
“Hay que pedir resultados a la DIECP, MP y CSJ”
Julieta Castellanos, rectora de la UNAH, considera que “no hay una correspondencia en la urgencia de las acciones y los resultados que se puedan estar dando en el sistema de seguridad y justicia en el país”.
“La coyuntura es que como es un año político, a cualquier hecho se le da esa connotación. La estructura del país es que venimos con unas tasas de homicidios y de delitos desde hace más de siete años que nadie ha podido detener”, aseguró.
Nosotros hemos comenzado pidiendo resultados de gestión, no estamos pidiendo que intervengan otro Poder del Estado, estamos pidiendo que llamen a los directivos de estas instituciones del Estado para que digan ¿por qué no hay resultados? enfatizó Castellanos.
Si en instituciones como la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), Ministerio Público y la Secretaría de Seguridad hay funcionarios que se desempeñan bien, perfecto, y si no han tenido resultados “queremos saber las razones y que se tomen las medidas”.
“No estamos diciendo que tomar las medidas sea despedirlos, estamos diciendo que tomar las medidas es que ellos y quienes evalúen lo que han hecho tendrán que decir ¿qué ha fallado? ¿por qué ha fallado? y ¿qué cambiar?” dijo.
Recordó que en el país ha habido la práctica de nombrar comisiones para prolongar los problemas.
“Somos lo suficientemente inteligentes para saber a quién pedir resultados y en este país a quien hay que pedir resultados en el tema de los crímenes son cuatro instituciones: la Policía, el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia y la DIECP, que tenía una responsabilidad especial”, aseguró.
Nunca hemos planteado nosotros que la Policía es responsable de todos los crímenes que se dan en el país. La Policía se desprestigia así mismo cuando ha sabido que ha tenido miembros en sus estructuras de mando que tienen bandas de sicarios, que están en bandas de secuestros, de extorsión y han estado en bandas que roban vehículos”, concluyó.
“DIECP no va a ser instrumentalizada”
El titular de la DIECP, Eduardo Villanueva, dijo temer que el proceso de depuración falle, como pasó con esfuerzos en anteriores gobiernos.
Villanueva respondió, en el programa Frente a Frente, a cuestionamientos que le hace la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) y que, incluso piden su cabeza.
“Esta entidad (DIECP) en tanto yo la represente, no va a ser instrumentalizada bajo ningún concepto para ser usada como algo que le vaya hacer daño a la Policía de Honduras, que lo que requiere es depurarse para fortalecerse y no actuar improvisadamente atribuyéndole a la Policía el origen del delito”, dijo Villanueva.
Considera que contribuir a destruir la imagen de la Policía “es hacerle un flaco servicio a los enemigos del país, a los que se sirven de este país para traficar, para trasladar al exterior y para hacer tantas cosas que lesionan a Honduras”.
Villanueva recordó que se han enviado 63 nombres con casos sustentados al MP, en donde hay oficiales de los altos niveles, para que se erradiquen las acciones, “pero no voy a contribuir a violentar el estado de inocencia que solamente se le puede atacar a una persona cuando los Tribunales lo han declarado como tal”.
“Yo no voy a dar los nombres públicamente a ninguna entidad, excepto a la Comisión del Congreso Nacional que tiene las potestades para investigarme e investigar a este órgano público”, dijo.
Estoy en la disposición de comparecer al CN en el momento en que este alto órgano del Estado lo tenga a bien, justamente hoy mismo si así lo quiere, prosiguió.
“Nosotros el año pasado emitimos 230 resoluciones que afectan a otros tantos miembros de la DIECP y se trasladaron en cumplimiento de la Ley Especial para la Depuración de la Policía, se trasladaron a la Secretaría de Seguridad tal y como la ley lo ordenaba”, dijo.
Además, en este momento se investiga los bienes patrimoniales de unos 90 policías.
