Tegucigalpa, Honduras.- La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) solicitará un compás de espera al Congreso Nacional para emitir su opinión sobre las reformas al Código Penal y Procesal Penal orientadas a endurecer las medidas contra las maras y pandillas declaradas organizaciones terroristas.
El magistrado de la Sala Penal, Walter Miranda, explicó que el órgano judicial contó con tres días para presentar su criterio sobre las reformas del Poder Legislativo; sin embargo, explicó que compromisos institucionales, y la ausencia de varios magistrados han retrasado la firma del documento.
“Teníamos tres días para emitirla -la opinión- pero nosotros estuvimos fuera del país representando a Honduras, el asunto es de agenda de los magistrados de la sala, pero no todos estamos en Tegucigalpa y por tal razón no hemos suscrito la opinión, aunque hemos trabajado en ello”, manifestó Miranda.
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Además detalló que, una vez concluido el análisis, la sala remitirá el documento a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, que permitirá al pleno de 15 magistrados conocer la opinión y formular las observaciones que consideren necesarias.
Miranda destacó la importancia de la opinión de la Sala de lo Penal en el proceso de revisión de las reformas, ya que las implicaciones jurídicas que pueden tener los cambios en la legislación criminal.
No obstante, también señaló que la Constitución de la República contempla la opinión de las autoridades judiciales en las reformas penales, y advirtió que avanzar sin ese pronunciamiento podría dar lugar a recursos contra las reformas en materia penal.
“Evidentemente, hay un peso real que tiene el criterio técnico de la Sala de lo Penal para evitar que esta legislación criminal responda únicamente a presiones políticas o coyunturales", apuntó.
Penas
El 12 de octubre, el Congreso Nacional impulsó reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal orientado a endurecer las medidas contra las estructuras criminales que plantean nuevas disposiciones sobre allanamientos policiales, restricciones a beneficios penitenciarios para personas condenadas por terrorismo y modificaciones a los procedimientos penales.
La iniciativa contempla la posibilidad de realizar allanamientos sin orden judicial previa en determinadas circunstancias, ampliar de 24 a 48 horas el plazo para presentar requerimientos fiscales después de una captura, además de restringir el acceso a la libertad condicional y a mecanismos de preliberación para personas condenadas por terrorismo.
Estas medidas forman parte de una propuesta que busca modificar las herramientas legales utilizadas para combatir el crimen organizado.
Como parte del procedimiento, el Congreso Nacional solicitó la opinión de la Corte Suprema de Justicia sobre las reformas por tratarse de modificaciones a dos de los principales instrumentos jurídicos de la legislación penal.
