Tegucigalpa, Honduras.- "Las elecciones del 30 de noviembre están en grave riesgo", advirtió el pasado 10 de julio la consejera presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, refiriéndose a la crisis política que también tenía un impacto dentro de esa institución.
Siete días después, esas palabras hacen más eco, y no solo por el malintencionado retraso en el cronograma para la entrega de propuestas de las empresas proveedoras del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), sino porque ahora las decisiones para que se lleven a cabo las elecciones generales del 30 de noviembre no se pueden tomar ni siquiera por mayoría de votos.
Este miércoles, la consejera representante del Partido Liberal, Ana Paola Hall, puso a disposición su cargo alegando que "las decisiones que muchos consideran que son la solución a esta crisis, pasan por actos viciados de ilegalidad que no puedo cometer".
"Vulnerar el quórum que la ley electoral establece no sólo puede implicar consecuencias penales, sino que no resuelve absolutamente nada: todas las decisiones que ahí se pudieran adoptar son nulas, todos los que participen de ellas tienen responsabilidad ¿Vamos a poner en esta situación a nuestros funcionarios? No estoy dispuesta", justificó.
La acción de Hall genera dudas sobre si en noviembre se concretarán las elecciones generales, sobre todo porque prácticamente el Pleno de Consejeros (integrado por un representante del Partido Nacional, uno liberal y otro de Libre) queda solo con López, quien no puede tomar decisiones sobre el cronograma electoral porque como ella misma dijo: “solo represento un voto”.
En el caso de Marlon Ochoa, consejero por parte de Libre, no ha acudido a las últimas siete sesiones de forma “injustificada”, cuestionó López. Para avanzar en el calendario de elecciones convocaron a los consejeros suplentes, quienes tampoco acudieron al llamado.
Crisis sin precedentes
Se ha detenido todo. No hay sesiones, no se firman contratos ni se llama a capacitaciones. El calendario para que se lleven a cabo las elecciones generales está paralizado.
Esto representa una “crisis sin precedentes”, lamentó López, mientras señalaba que existe “abiertamente una intención sostenida durante muchos meses de un desmantelamiento institucional”.
La denuncia de López genera incertidumbre, sobre todo después de que Hall anunció su renuncia y el coordinador de Libre, Manuel Zelaya Rosales, dijera coincidir en sus argumentos de “un pleno de tres para el retorno a la legalidad del CNE, y de igual manera, requerimos un TREP sin intervención humana que adultere o falsifique la transparencia del proceso de publicación de resultados preliminares, para garantizar elecciones limpias, libres y democráticas”, escribió en X.
Para López, lo que toca en este momento es escalar “las decisiones dependiendo de la forma en que se aborda el diálogo y que se agote, nosotros tendremos decisiones y atribuciones también. Mientras tanto seguimos siendo consejeros. Yo sobre el tema de si convocaría o no a un pleno tenemos que ponderarlo. Hay una agenda amplísima de temas y hay una confusión de la cual hay que sacar al país: el país no se confundir, el TREP no son las elecciones”.
La consejera afirmó que “cuando se han detenido las sesiones del pleno, no sólo se ha detenido el tema de señalar o no una nueva fecha para recibir ofertas de un pliego, sino que se ha detenido todo. En este momento hasta se han borrado empleados del Partido Liberal de reloj biométrico de marcación porque ha aparecido un consejero a decir a la Secretaría que no se emitan las certificaciones de cosas que ya estaban acordadas”.
Aseguró que los documentos de las empresas para la adjudicación de la biometría quedan en custodia y confidencialidad porque no se tiene quién los evalúe, pero que lo más importante es que “se resuelva pronto los temas que están sucediendo en el Consejo Nacional Electoral”.
Sobre este tema, la diputada nacionalista Ana María Hernández citó el artículo 26 de la Ley Electoral que se refiere a la ausencia definitiva de los consejeros en caso de fallecimiento, renuncia, inhabilitación especial o absoluta, interdicción civil e incapacidad por enfermedad o invalidez y en caso de sentencia condenatoria en juicio político.
“En estos casos, el Congreso Nacional debe proceder a la elección del sustituto de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 y 54 de la Constitución de la República
y la ley, por el tiempo que haga falta para cumplir el período del sustituido”, dice la normativa.
Es decir, en este caso no se puede llamar a los consejeros suplentes (como pasó con Ochoa) para que sustituyan a Hall en las sesiones, pues al remitir la denuncia al Congreso, los diputados serían los encargados de votar. En caso de ser aceptada, entonces el Partido Liberal deberá elegir a una nueva consejera.
De ser así, el nombre de la diputada Maribel Espinoza es uno de los más sonados, así como el de Mauricio Villeda, según anunció Roberto Contreras, presidente del Partido Liberal.
“Vamos a mandar a una persona a guerrear en el CNE y ya hemos pensado en Maribel Espinoza o en Mauricio Villeda como sustitutos”, comentó en un video, donde dejó claro que las decisiones de esa institución política no están vinculadas con Libre, como afirmó minutos antes el candidato del Partido Nacional, Nasry “Tito” Asfura.
“La decisión de la consejera liberal en el CNE confirma que un sector del Partido Liberal siempre ha sido parte de las raíces de LIBRE. Lo demostraron en el pasado y hasta ahora no han podido separarse de esas raíces”, escribió en X.
El político del partido de la estrella solitaria, recordó que con la crisis en el CNE, “nuestra democracia y libertad están en peligro”.
¿Qué sigue?
Los tiempos del cronograma electoral estaban ajustados desde el pasado 7 de julio, pero ante la crisis del CNE será aún más difícil lograr la adjudicación del TREP, también del sistema biométrico y contratar a la empresa consultora que se encargará de la auditoría externa. Estos serían los tres procesos más importantes a abordar en el cronograma electoral, aunque eso no significa que el CNE no deba solventar otros eventos electorales para lograr que las elecciones de noviembre sean transparentes y no dejen margen de error.
En el caso del TREP, el cronograma electoral establece que el 7 de julio se debían recibir las ofertas de las empresas, el 29 de julio se adjudicaría a la ganadora, mientras que el 19 de agosto firmaría el contrato.
En el caso de la adjudicación del sistema biométrico, el proceso está pactado para el 14 de agosto y el 3 de septiembre se procedería a firmar el contrato. Sobre la empresa que se encargaría de la auditoría, el proceso de adjudicación se tendría que concretar el 21 de agosto y la firma del contrato sería 10 días después (el 31 de agosto).
Para Carlos Hernández, director de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), los plazos están establecidos en el calendario electoral para cumplir con todo lo que menciona la normativa, pero si no se hacen las acciones a tomar le corresponden al Congreso Nacional buscar una solución.
“Es el Congreso que interviene, que modifique eso para hacer una contratación directa con un límite de tiempo más reducido. Obviamente eso altera la calidad, genera más desconfianza y de repente habrá sectores que dirán: ‘vamos a un proceso electoral sin TREP si no hay la garantía de que se va a encontrar la empresa con las calificaciones técnicas necesarias para desarrollar un proceso que sea efectivo y de calidad’”, analizó.
Hernández catalogó esta situación como una “crisis inminente”, ya que no se puede desconocer que “hay una intención de algunos sectores del país de alterar el proceso normal de las elecciones”.
Recordó que “estamos a menos de cuatro meses y estamos frente a una situación súper compleja con la renuncia”, pero lo que se viene es la negociación de los mismos políticos que nos tienen en este “embrollo”.
“Obviamente se necesitan 86 votos para que esto se dé (la renuncia de Hall). En todo este escenario, los tiempos están corriendo y eso obviamente genera un desencanto en la población que pueden desanimarse a no participar en el proceso electoral y quizás esto sea una de las intenciones también de algunos de los grupos que no quieren democracia y que no aman la democracia en Honduras”, señaló.
Hernández instó a los hondureños a no permitir que se altere el proceso electoral, incluso saliendo a las calles para defender la democracia.
“Lo que no se puede permitir es que se le niegue al hondureño la posibilidad de ir el 30 de noviembre a la urna, tengamos resultados de manera oportuna o de manera rápida, se pueda respetar la voluntad de los hondureños”, puntualizó.
Estrategia del tripartidismo
El analista Omar García, por su parte, fue más crítico al decir que lo que está pasando es una estrategia de los partidos Nacional, Liberal y Libre.
“Las elecciones siempre se van a hacer al estilo del tripartidismo, o sea, agotan los tiempos, y todo lo llevan hasta última hora y después salen con la misma cantaleta de que no hay tiempo para hacer. Al tripartidismo le estorba el TREP, la biometría, y ya empezaron a controlar el voto domiciliario. El tripartidismo es enemigo de eso y el calendario electoral es una camisa de fuerza para ellos y se lo están quitando, así de sencillo”, condenó.
Según el experto, se trata de acuerdos, pero cada uno haciendo sus cosas. Citó a Cosette López, quien en entrevista con medios aseguró que el TREP no debía ser el centro de atención en este momento, sino los ciudadanos.
“El tripartidismo tiene una agenda propia para quitar todo aquello que lo evidenció, que son partidos minoritarios, partidos que la gente se queja de ellos, que la gente votó en blanco. Votó bastante y votó nulos. Y que no salieron muy contentos de estas elecciones (primarias) porque había muchos trucos de parte de cada uno de los partidos”, dijo.
A su criterio, lo que se busca es desmoralizar la votación masiva porque si esto ocurre ninguna de las tres estrategias de cada uno va a funcionar y se empezaría a levantar el perfil de candidatos independientes, como Nelson Ávila, candidato del Partido Innovación y Unidad (Pinu).
García indicó que de seguir esta situación, y si los hondureños lo permiten, el tripartidismo “nos va a meter un autogolpe o una constituyente, dirigida y determinada por el mismo tripartismo para continuar” en el poder.
