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Tegucigalpa, Honduras.- El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) expresó su rechazo a las recientes acciones legales emprendidas por el ministro de Finanzas, Cristhian Duarte, en contra del periodista Dagoberto Rodríguez, luego de que el funcionario interpusiera un recurso de amparo contra fallos judiciales previos que favorecieron al comunicador.
El gremio calificó como preocupante que, tras dos resoluciones desfavorables, una en primera instancia y otra en apelación, el ministro haya optado por acudir a un nuevo recurso legal, lo cual, según el CPH, representa una forma de presión indebida contra la labor periodística.
“La judicialización del trabajo de los periodistas es una señal de retroceso para la libertad de expresión y el derecho del pueblo hondureño a estar informado”, indicó el CPH en su cuenta de X, en donde también demandó el respeto a los principios democráticos y al ejercicio libre del periodismo crítico.
Dagoberto Rodríguez ha sido objeto de acciones legales en más de una ocasión por parte de funcionarios públicos, debido a publicaciones y comentarios realizados en el marco de su labor profesional.
El caso ha sido seguido por organizaciones nacionales e internacionales que defienden la libertad de prensa.
CPH condenó campaña de ataques de las FF AA contra periodistas
Recientemente, el Colegio de Periodistas de Honduras también condenó una campaña de ataques e intimidación promovida por la cúpula de las Fuerzas Armadas contra tres periodistas reconocidos del país: Juan Carlos Sierra, presidente del CPH; Rodrigo Wong Arévalo, director del programa Abriendo Brecha; y nuevamente a Dagoberto Rodríguez.
La reacción se produjo tras la publicación de la edición número 119 del boletín oficial FF AA Digital, fechada el 26 de mayo de 2025, en la que se dedican la portada y cinco páginas a señalar y descalificar a los comunicadores, quienes son señalados como “sicarios de la verdad”, un término que el CPH calificó como inadmisible, inconstitucional y una peligrosa incitación al odio.
“Este tipo de agresión institucional constituye una amenaza directa no solo contra la libertad de prensa, sino contra los principios democráticos que deben regir nuestra nación”, señala el pronunciamiento.
El CPH responsabilizó directamente al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Leonel Hernández Aguilar, y a la ministra de Defensa, Rixi Moncada, por cualquier atentado, hostigamiento o daño que puedan sufrir los periodistas mencionados y sus familias.
Asimismo, exigió una retractación inmediata del contenido publicado y pidió garantías para el ejercicio periodístico en condiciones de seguridad. También solicitó una investigación por lo que considera un abuso de poder y violencia institucional promovida desde altos mandos castrenses.
El comunicado concluyó con un llamado a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH y a la Sociedad Interamericana de Prensa para que se pronuncien ante lo que califican como una “gravísima situación que pone en riesgo la vida e integridad de periodistas hondureños”.
