Tegucigalpa, Honduras.- La adjudicación de más de 700 millones de lempiras en contratos directos para la compra, mantenimiento y reparación de equipo médico en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), aprobada a finales de 2025, ha desatado una fuerte polémica política, institucional y social.
La operación quedó formalizada mediante la resolución CD-005-2025, aprobada el 29 de diciembre de 2025, apenas dos días antes del cierre fiscal del año, cuando la Junta Interventora del IHSS autorizó la adjudicación directa de aproximadamente L716 millones, cifra que con ampliaciones y componentes técnicos ha sido señalada públicamente como una compra cercana a los L800 millones.
Los contratos fueron adjudicados a tres empresas privadas: Seijiro Yazawa Iwai Honduras, que recibió el mayor monto con alrededor de L447 millones; Equimedic Ingeniería, beneficiada con aproximadamente L224 millones; y Macc Medical, con cerca de L44 millones.
Todos los contratos están relacionados con sistemas de imagenología, equipos médicos de alta gama, mantenimiento extendido, adecuaciones de infraestructura y garantías prolongadas.
La resolución fue firmada por la comisionada presidenta de la Junta Interventora del IHSS, Carla Paredes, lo que ha generado cuestionamientos sobre responsabilidad política y administrativa tras su renuncia, presentada días después.
Esto también hace una negativa al llamado que hice el presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, quien el 3 de enero pidió que se hicieran este tipo de contrataciones, ya que se están en medio de un proceso de transición.
Alerta
Desde el Congreso Nacional, la diputada y doctora Johana Bermúdez lanzó duras críticas contra el proceso, calificándolo como un acto irresponsable y lesivo para la seguridad social del país.
“Esto es inaceptable, 800 millones de lempiras adjudicados de forma directa, sin criterios claros, sin verificación y en el minuto cero. Esto no es gestión: es un atentado directo contra las finanzas del Seguro Social”, expresó Bermúdez.
La congresista advirtió que la Junta Interventora ya no tenía legitimidad política ni administrativa para comprometer recursos de esa magnitud en la recta final del periodo gubernamental, y exigió que se detenga cualquier ejecución adicional de fondos.
“Hacemos un llamado firme a la Junta Interventora: absténganse de seguir ejecutando fondos. Su período administrativo ya terminó. El Seguro Social no es botín político”, sentenció.
Confirmó además qué equipos legales del Congreso Nacional y del nuevo gobierno ya analizarán los contratos firmados, con el fin de determinar posibles responsabilidades y los impactos que estas adjudicaciones podrían generar para el Estado hondureño.
“Nuestro equipo jurídico está trabajando para ver los alcances de estos contratos y todas las implicaciones que esto va a generar al Estado. Esto es un atentado contra la seguridad social”, añadió.
Justificación
Desde el interior del IHSS, la Junta Interventora ha salido al paso de las críticas.
El comisionado Samuel Zelaya aseguró que el proceso no fue improvisado ni arbitrario, sino que tomó un año completo de preparación y evaluación técnica, aunque se utilizó la figura de compra directa.
“Estamos muy contentos de haber adjudicado un proceso que nos llevó un año entero. Usamos la compra directa únicamente para cortar tiempos administrativos, no para reducir la rigurosidad”, explicó Zelaya.
Según el funcionario, el proceso inició en diciembre de 2024, con la identificación de necesidades, elaboración de bases técnicas durante casi tres meses y una socialización previa con al menos 25 proveedores, de los cuales 10 empresas presentaron ofertas formales.
Zelaya defendió que, pese a no ser una licitación tradicional, el procedimiento se estructuró “como una licitación abierta”, con evaluaciones técnicas exhaustivas que tomaron seis meses, debido a la complejidad de los equipos y a la participación de especialistas en radiología y biomédica.
“Aquí no hubo dedo. Hubo libre competencia. Las bases se publicaron en el portal de compras, en medios de comunicación y en el Diario Oficial La Gaceta”, sostuvo.
El comisionado explicó que los contratos incluyen no solo la compra de equipos, sino también instalación, adecuación de infraestructura, mantenimiento extendido y garantías de varios años, con el objetivo de asegurar una vida útil de hasta 12 años para el sistema de imagenología del IHSS.
“Estamos comprando equipo de alta gama, de marcas reconocidas, con soporte técnico local y capacidad para soportar la alta demanda del Seguro Social”, afirmó.
No obstante, sectores sindicales, personal médico y derechohabientes han expresado desconfianza ante el uso de compras directas en un contexto histórico marcado por escándalos de corrupción en el IHSS, cuestionando la oportunidad del proceso y la falta de una auditoría independiente previa.
