Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional analiza un paquete de reformas a la Ley Orgánica y a la Constitución de la República que plantea eliminar la figura de la Comisión Permanente y abre el debate sobre eventuales procesos de juicio político contra diputados que integraron ese órgano.
La iniciativa legislativa, impulsada por la actual junta directiva, busca que las decisiones de carácter nacional sean adoptadas exclusivamente por el pleno legislativo y no por grupos reducidos de congresistas.
Según la propuesta, la eliminación de la Comisión Permanente responde a la necesidad de fortalecer la institucionalidad parlamentaria y evitar escenarios de parálisis legislativa o concentración de decisiones.
En este contexto, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, afirmó que podrían existir méritos legales para promover procesos de juicio político contra diputados que integraron la Comisión Permanente en 2025.
“Los compañeros que integraron la Comisión Permanente y abusaron porque usurparon las funciones del pleno del Congreso Nacional realmente sí tienen los méritos legales para poderse someter a un proceso de juicio político”, manifestó Zambrano.
El titular del Poder Legislativo explicó que la eventual activación de estos procedimientos dependerá de alcanzar la mayoría calificada de 86 votos requerida por la ley, señalando que no se impulsarán solicitudes sin contar previamente con el respaldo parlamentario necesario.
Subrayó que el interés por estos juicios ya ha sido manifestado por varios diputados, quienes también mantienen en lista de espera procesos contra funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).
Asimismo, advirtió que el nuevo orden en el Congreso incluye sanciones estrictas para quienes alteren las sesiones, con deducciones de hasta 15 días de salario.
"El Congreso es para dialogar, consensuar y debatir. No se necesita este tipo de relajo; el que convence a los demás con posturas y tesis es donde se obtienen los votos", sentenció.
Por su parte, el diputado nacionalista Antonio Rivera Callejas calificó a la Comisión Permanente del periodo anterior como una figura "nefasta e ilegal" que se atrevió a realizar nombramientos de alto impacto, como el del Fiscal General, una atribución que correspondía exclusivamente al pleno.
Rivera detalló que la reforma presentada busca modificar la Carta Magna en puntos clave: la eliminación total de la Comisión, la supresión de los recesos obligatorios de mayo y diciembre, y la obligatoriedad de aprobar las actas antes de enviar cualquier decreto al Poder Ejecutivo para su sanción.
"Se le castiga a aquel diputado suplente que ocupa un curul de otra bancada de otro partido político; lo que ellos hacían que un diputado de Libre iba a representar a un nacionalista, también va en reforma que va a tener responsabilidad penal, civil y administrativa", explicó Rivera.
Para el parlamentario, es fundamental dejar un precedente sobre la actuación de los nueve diputados que decidieron por el total de la cámara, por lo que no descarta que cualquier congresista presente formalmente la solicitud de juicio político para investigar estas extralimitaciones.
En la misma línea de análisis, el asesor presidencial Marvin Ponce coincidió en que los exmiembros de la Comisión Permanente son sujetos de investigación para un juicio político debido a que excedieron sus facultades legales.
Ponce señaló como puntos críticos el nombramiento de fiscales fuera de ley, la omisión de publicar decretos de sesiones autoconvocadas y la emisión de resoluciones electorales que no competían al Congreso de la República.
"Emitieron resoluciones que estaban fuera de la ley; por esas y muchas razones, esa Comisión Permanente podría ser sometida a juicios políticos", afirmó.
Ponce destacó que el proceso requiere una solicitud formal y el nombramiento de una comisión investigadora. Aunque reconoció que existe una complejidad ética al aplicar juicio político a diputados electos por el pueblo, recordó que la ley permite investigar a magistrados, jueces, fiscales e incluso legisladores.
"Si se le ocurre a este Congreso y tiene los 86 votos, se pueden ir volados siete diputados de Libre que aún están activos; si no se logran los votos, por lo menos queda el precedente del juicio hecho", agregó el analista.
Para que esta transformación institucional sea efectiva, el Congreso debe proceder con la reforma de una serie de artículos constitucionales que sostienen la estructura actual de la Comisión.
Entre los artículos que serán sometidos a modificación se encuentran el 190, 195, 201, 207, 208, 210, 241, 245 y 312 de la Constitución de la República, los cuales regulan desde las sesiones extraordinarias hasta las facultades de control y nombramientos que anteriormente se delegaban a este órgano durante los recesos.
Última Comisión Permanente
La resolución número 001-2025-CP/CN publicada en el Diario Oficial La Gaceta el 31 de octubre de 2025 en la edición 36,981, detalla quienes fueron los protagonistas de esta controvertida figura creada bajo la gestión de Luis Redondo.
Como miembros propietarios de la desaparecida Comisión Permanente figuraron Luis Redondo, Hugo Noé Pino, Luz Angélica Smith, Fabricio Sandoval, Osman Chávez, Juan Barahona, Carlos Raudales, Karen Martínez y Silvia Ayala.
Asimismo, el cuerpo de suplentes estuvo integrado por los diputados Kritza Pérez, Linda Donaire, Scherly Arriaga y Edgardo Casaña, nombres que ahora figuran en el centro del debate sobre la responsabilidad política y constitucional en Honduras.
