Tegucigalpa, Honduras.- El Poder Legislativo formalizará el traslado de todos los expedientes, pruebas e informes recopilados durante la tramitación de los juicios políticos realizados a exfuncionarios del Ministerio Público, Consejo Nacional Electoral (CNE) y Tribunal de Justicia Electoral (TJE).
Esta determinación surge tras una solicitud oficial del Ministerio Público (MP), institución que asumirá la responsabilidad de examinar la documentación acumulada por el Congreso Nacional para establecer si existen indicios suficientes de responsabilidad penal en las actuaciones de los altos funcionarios que fueron sometidos a este procedimiento de control constitucional.
El cúmulo de información incluye folios de investigación, declaraciones de testigos técnicos y soportes documentales obtenidos a lo largo de las comparecencias y audiencias públicas que se transmitieron de forma permanente a la ciudadanía en los últimos meses.
"La Fiscalía General de la República ha solicitado al Congreso Nacional el envío de la información porque es la institución encargada de determinar si existe responsabilidad de algún alto funcionario en la ejecución de su cargo", expresó Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional.
Las autoridades parlamentarias instruyeron la agilización de estos trámites administrativos con el fin de remitir los legajos oficiales durante el transcurso del día, delegando la presentación física de los mismos a las instancias fiscales correspondientes situadas en la capital.
La presidencia de la junta directiva descartó de manera enfática que la entrega de estos archivos configure un acto de injerencia mutua entre los poderes del Estado o que responda a una estrategia dirigida de persecución partidista.
"El secretario, el diputado Carlos Lezama, se va a personar por la tarde al Ministerio Público a entregar esta información amplia de bastantes folios", detalló Zambrano.
El origen de la indagación penal se vincula directamente con las denuncias surgidas durante el desarrollo de los juicios políticos, donde diversos testimonios apuntaron al retraso deliberado del proceso electoral hondureño y al ocultamiento sistemático de expedientes claves.
Según los informes que obran en el Parlamento, se registraron conductas que pretendieron entorpecer los mecanismos de votación interna de las fuerzas políticas, así como las posteriores elecciones generales del país.
Las autoridades parlamentarias actuales recalcaron que las irregularidades y el presunto boicot institucional corresponden a las actuaciones ejecutadas por exfuncionarios pertenecientes al partido Libertad y Refundación (Libre) y a determinados legisladores de la anterior legislatura.
"Nuestra tarea llegó hasta conocer las denuncias y llevar a cabo el procedimiento como lo establece la Constitución, habiendo respetado las garantías, el debido proceso y los derechos", manifestó el presidente del Congreso Nacional.
Corresponderá ahora a los equipos fiscales e investigadores asignados por el Ministerio Público valorar la solidez jurídica de las pruebas enviadas por el Congreso para deducir los requerimientos fiscales pertinentes en los tribunales ordinarios.
Documentación
Por la tarde de este martes, la Secretaría del Congreso Nacional formalizará la entrega de los expedientes completos ante las fiscalías correspondientes.
El compendio de investigación incluye la documentación de cuatro exfuncionarios que fueron sometidos al mecanismo de control legislativo, abarcando las actuaciones Marlon Ochoa y Mario Morazán, junto a sus respectivos suplentes, quienes fueron removidos de sus cargos tras el proceso parlamentario.
"Hoy vamos a estar a las 3:00 de la tarde presentando ante el Ministerio Público todos los expedientes de juicio político; son cuatro en total, ahora le corresponde al ente acusador hacer las investigaciones por las cuales fueron destituidos y proceder si fuera pertinente ante un juzgado", expresó Carlos Ledezma, secretario del Congreso Nacional.
La documentación remitida al ente acusador del Estado se encuentra estructurada en tres apartados fundamentales que detallan la cronología del procedimiento constitucional ejecutado por el Poder Legislativo.
Los folios contienen la denuncia inicial que dio origen al proceso, el informe técnico de la comisión especial que recopiló las declaraciones de los encausados y los testigos, así como las conclusiones definitivas que sustentaron la destitución, quedando en manos de los fiscales la facultad de promover las acciones legales oportunas.
