Ante la presión de la sociedad y de los medios de comunicación, el Congreso Nacional que preside Juan Orlando Hernández se echó para atrás y dejó sin valor y efecto la reforma del Código Penal que daba a lugar a una piñata de impunidad en al menos 40 delitos.
Las reformas fueron aprobadas el jueves de la semana pasada por 77 de los 79 diputados presentes en la sesión.
La iniciativa la presentó el diputado nacionalista Oswaldo Ramos Soto en 2010. La Corte Suprema de Justicia remitió su dictamen en agosto de 2010, el cual era desfavorable.
La difusión en los medios de comunicación de la citada reforma puso en alerta a diversos sectores que demandaron se hiciera una rectificación, pues dichos cambios en el Código Penal estaban promoviendo la impunidad al despenalizar más de 40 delitos.
Lo que el Congreso Nacional pretendía es que delitos con penas menores a los cinco años no solo pudieran evadir la cárcel sino también las penas accesorias, como la inhabilitación especial y la interdicción civil.
Esto significa que, a cambio de una suma de dinero, ninguno de estos delitos tendría más sanción que pagar una fianza.
Esta decisión fue calificada por la sociedad en general como un mensaje funesto en la lucha contra la corrupción y la impunidad, ya que quienes tienen recursos económicos serían beneficiados directamente.
Mediante la reconsideración del acta número 13, el secretario de CN, Rigoberto Chang Castillo, pidió que se dejara sin valor y efecto el punto número 5, que contiene la polémica reforma; 90 diputados asintieron y uno se abstuvo.
Chang Castillo explicó que en una teleconferencia con el proyectista Ramos Soto, en presencia de los jefes de bancada, se adhirió al dictamen de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que consideró que las reformas benefician 'a los que delinquen y pueden pagar'.
Ramos Soto argumentó que en este momento aprobar esa iniciativa traería una mala imagen a la lucha contra la delincuencia y que los momentos históricos no lo permiten.
El jefe del colectivo de la UD, Sergio Castellanos, lamentó la ausencia de Ramos Soto, quien se encuentra en Estados Unidos por motivos de salud, para que explicara cuáles fueron sus motivaciones para impulsar la reforma.
“Errar es de humanos y rectificar es de sabios”, dijo Castellanos, aceptando que “cometimos un error por confiar en algunas personas que a veces vienen a defender intereses particulares y no los del pueblo”.
Este gol nadie lo para
Si no hubiera sido por los medios de comunicación, este gol nadie lo para, dijo el congresista, pidiendo disculpas públicamente por el error cometido, a la vez que exhortó a los compañeros de cámara a estar más atentos a los debates.
El nacionalista Celín Discua expuso que el lado positivo es que los medios de comunicación y el pueblo están pendiente de lo que sucede en el CN.
“Somos humanos, siempre se van a cometer errores y que nos sirva de lección. Lamentamos que el abogado Ramos Soto no este aquí para que nos diera explicaciones”, acotó.
El nacionalista Antonio Rivera Callejas, miembro de la comisión dictaminadora, aceptó que se equivocaron con la reforma del artículo 61, pues así redactado daría lugar a que se aplicara a casos particulares.
Indicó que el articulo 49 fue reformado por recomendación de la CSJ y se hizo correctamente, pues el cambio consistía en establecer que la pena de inhabilitación especial solamente podrá ser impuesta cuando el cargo, oficio, derecho o profesión de que se trate haya sido utilizado como medio para cometer el delito, lo cual deberá ser consignado de manera expresa en la condena”.
El jefe de la bancada liberal, José Alfredo Saavedra, por su lado, demandó que en las sesiones de la junta directiva con los jefes de bancada se proporcione la agenda, que las comisiones ordinarias hagan las convocatorias a sus miembros con anticipación y que una vez producidos los dictámenes se entregue copias a todas las bancadas.
El también liberal Erick Rodríguez se quejó de la mala costumbre de los jefes de comisiones que no convocan a sesiones a todos sus miembros y por ese se cometen errores que repercuten en todo el Congreso.
Carlos Martínez, liberal por Cortés, indicó que de esto hay que sacar una lección: cuando uno trabaja de manera desordenada, esas son las consecuencias. Si se nos dieran con anticipación los dictámenes, no estuviéramos perdiendo el tiempo en este momento, dijo.
Cuestionó que no estuviera en la sesión el presidente del CN, Juan Orlando Hernández, para que asumiera el compromiso de que “se nos dé la agenda anticipada y que se nos entreguen los dictámenes. Siento que es un irrespeto que los diputados vengamos a tientas y ciegas, si tenemos la documentación antes vamos a venir a hacer un mejor trabajo legislativo y no vengamos a hacer e papel de títeres”, subrayó.
Guerra del café
Horas antes del debate en la cámara, el diputado vicepresidente Marvin Ponce sostuvo una polémica con el diputado dictaminador German Leitzelar.
El diputado de Unificación Democrática (UD) Marvin Ponce, quien denunció una 'mafia'
en el Congreso Nacional.
Ponce acusó que el trasfondo de las polémicas reformas al código penal se hizo para favorecer al juez Eleazar Nolasco, acusado por prevaricato, y al empresario Jesús Kafati, cuyo representante legal es el abogado Leitzelar.
Ponce pidió que se investigara a los miembros de la comisión de dictamen porque aquí hay un evidente acto de corrupción, dijo. También se atrevió a culpar al proyectista Oswaldo Ramos Soto.
Ponce, que en la sesión del jueves anterior en que se aprobó la reforma no dijo nada, acusó que “detrás de la reforma hay una mafia, pues abusando de la dispensa de debates se ha intentado despenalizar más de 40 delitos. Lo que hay aquí es un acto de corrupción que linda con la delincuencia, provocado por un grupo de diputados que le están dando un mal nombre al Congreso de la República”. A la vez el parlamentario pidió a la comisión de ética del Legislativo que “levante un expediente a la brevedad posible”.
Por su lado, el diputado Leitzelar salió al paso a las acusaciones de Ponce indicando que el espíritu de esta ley no va encaminada a favorecer a nadie”.
Calificó de “irresponsable” a Marvin Ponce, de quien dijo que “por eso lo tienen acusado criminalmente, por esa boca floja, porque no tiene prudencia para decir las cosas”.
Leitzelar aclaró que por medio de su bufete legal uno de los procuradores que trabajan en su oficina lleva el juicio laboral y no penal de la parte contraria, es decir, en contra de Jesús Kafati, a quien Ponce dice que se pretende favorecer.
