Tegucigalpa, Honduras.- El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) expresó su respaldo a las comunidades de Quimistán, Santa Bárbara, que se oponen a la construcción del proyecto hidroeléctrico multipropósito “El Tablón”.
En un comunicado oficial, el organismo recordó al Estado de Honduras su obligación de garantizar los derechos de los pueblos indígenas, en especial el derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI), tal como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Además, el Conadeh instó a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), principal responsable del proyecto, a respetar la voluntad expresada por las comunidades durante los cabildos abiertos.
En estos espacios, los pobladores rechazaron la ejecución de la represa por considerar que afectará directamente sus actividades productivas, entre ellas la ganadería, agricultura y avicultura, que son fuente principal de subsistencia en la zona.
“El Estado debe atender con seriedad las exigencias de las comunidades”, expresa el comunicado, que también llama a garantizar procesos de consulta adecuados, ajustados a estándares internacionales, así como promover el diálogo de buena fe, el acceso a información relevante y la transparencia en cada etapa del proyecto.
Las recomendaciones surgen tras una serie de incidentes recientes en los que se ha denunciado el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional contra manifestantes.
El Conadeh señaló que el pasado 21 de julio, durante una manifestación pacífica en Quimistán, al menos siete personas resultaron heridas y seis fueron detenidas luego de que agentes policiales utilizaran tanquetas de agua para dispersar a los manifestantes.
El hecho fue considerado por el organismo como un atentado contra el derecho a la protesta pacífica y una señal de preocupación sobre la forma en que se está gestionando la conflictividad social en torno al proyecto.
Otro aspecto central del comunicado fue la exhortación a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para que resuelva con celeridad y bajo estándares de efectividad el Recurso de Amparo interpuesto por las comunidades afectadas.
Este recurso busca frenar la ejecución del proyecto, argumentando que no ha habido consulta adecuada ni se han garantizado sus derechos colectivos. Hasta la fecha, la Corte no ha emitido una resolución, lo que ha generado malestar entre los pobladores y ha escalado la tensión en la zona.
El Conadeh también recordó que, en caso de obtener el consentimiento de la población, el Estado hondureño sigue obligado a garantizar medidas de reparación, que incluyen planes de reasentamiento dignos y compensaciones justas.
Sin embargo, en este caso, el organismo insiste en que aún no se ha cumplido con el paso fundamental de obtener el consentimiento previo de los pueblos que habitan el territorio afectado.
Cabe señalar que el proyecto El Tablón ha generado una fuerte oposición social desde su anuncio, especialmente en el municipio de Quimistán.
Organizaciones comunitarias, colectivos sociales e incluso la corporación municipal han expresado su rechazo al considerar que se trata de una amenaza ambiental, social y cultural para el valle productivo de la región. A esto se suma la desconfianza por la falta de transparencia en el manejo de la información oficial y el temor a perder sus medios de vida.
Con este pronunciamiento, el Conadeh se convierte en una de las pocas instituciones estatales que se ha posicionado públicamente del lado de las comunidades afectadas.
Su intervención añade un peso significativo al debate público y refuerza el llamado nacional e internacional para que el proyecto El Tablón sea sometido a un proceso de evaluación que priorice los derechos humanos por encima de los intereses económicos o políticos.
