Tegucigalpa, Honduras.- El debate en torno a la restructuración del sistema energético en Honduras entra en una etapa crucial, la cual lleva varias semanas en la busca de los consensos necesarios para su aprobación.
En medio de intensas discusiones legislativas y revisiones artículo por artículo, el dictamen para reformar el subsector eléctrico avanza con acuerdos dirigidos a blindar la infraestructura estratégica estatal y habilitar la apertura a la inversión privada para frenar las pérdidas financieras.
Las modificaciones incorporadas al proyecto original contemplan mayores exigencias de votación para cambios administrativos y ratifican que el Estado mantendrá la propiedad absoluta de los principales activos de generación, transmisión y distribución del país.
"Hemos ido viendo artículo por artículo y en algunos artículos sí hubo cambios, pero es un cambio para favorecer la reforma, donde los bienes de generación como El Cajón, Río Lindo y Cañaveral siguen siendo 100% propiedad del Estado y no se pueden embargar ni hipotecar", expresó Milton Puerto, presidente de la Comisión de Energía del Congreso Nacional.
Esta revisión surge luego de que se hiciera pública la contrapropuesta que elaboró la bancada del Partido Liberal, luego de varias semanas de trabajo a lo interno de sus diputados.
La propuesta legislativa busca dividir operativamente a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) en tres empresas subsidiarias especializadas, una fórmula con la que se pretende inyectar capital privado en áreas críticas sin privatizar la infraestructura nacional.
De acuerdo con las proyecciones del Poder Legislativo, el esquema de tres administraciones permitirá modernizar los servicios de atención al cliente, acelerar la reparación de la red de distribución y ampliar la cobertura de alumbrado público en comunidades urbanas y rurales.
"El objetivo de esta ley es darle un mejor servicio a la población, que pueda pagar menos y que tenga servicio las 24 horas del día sin apagones", afirmó Puerto.
El parlamentario explicó que las tarifas elevadas responden a contratos costosos heredados de administraciones pasadas y al impacto directo que el alza internacional del petróleo en Medio Oriente genera sobre los costos de generación térmica.
Ante este panorama, la reforma plantea la convocatoria a licitaciones públicas internacionales donde compitan generadores renovables y térmicos, buscando que el costo por kilovatio hora caiga a rangos de entre 8 y 10 centavos de dólar mediante ofertas más competitivas.
Respecto al pasivo financiero de la estatal, la ENEE matriz asumirá la consolidación de la deuda histórica, mientras que las nuevas subsidiarias transferirán parte de sus utilidades para amortizar el compromiso a largo plazo.
"Hasta este momento creemos nosotros que la ENEE matriz va a conservar la deuda y las subsidiarias estarán regresando parte de las ganancias para amortizar esta deuda a largo plazo", indicó el presidente de la comisión.
Frente a los cuestionamientos de la oposición, que señala posibles favorecimientos a sectores empresariales particulares, la comisión técnica aseguró que el proyecto promueve un mercado transparente donde se contratará exclusivamente la energía de menor costo económico.
"Se les va a demostrar que en ningún momento se favorece a nadie; al contrario, se permite la inversión privada para que la población reciba un servicio de calidad y a un precio justo", concluyó Puerto.
Se espera que esta semana sean aprobadas las reformas, pero esto se definirá si hay un amplio apoyo de los diputados liberales, los cuales darán una postura definitiva, luego de una reunión que tendrá la institución política la mañana de este martes.
