Tegucigalpa, Honduras.- Jorge Cálix, diputado del Partido Liberal, afirmó que, según la contrapropuesta de reforma de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) presentada por su bancada las empresas subsidiarias comenzarán a operar sin deuda y devolverán al Estado, en un plazo de diez años, los 120,000 millones de lempiras adeudados por la estatal.
“Que las subsidiarias comiencen sin deuda, que se pague al Estado después de 10 años. Darle una gracia de 10 años para que puedan dar ganancia y luego pagarle al Estado los 120,000 millones de deuda acumulada que hay al día de hoy”, aseguró (desde el minuto 5:20).
Sin embargo, la afirmación de Jorge Cálix es una verdad a medias. La contrapropuesta del Partido Liberal sí establece que, durante diez años, el Estado asumirá el pago y el servicio de la deuda financiera, así como otras obligaciones históricas de la ENEE.
No obstante, el proyecto no establece que, una vez concluido ese período, las empresas subsidiarias deberán devolver al Estado los recursos utilizados para atender la deuda histórica. Tampoco fija un monto de 120,000 millones de lempiras que deba ser reembolsado por estas empresas.
Además, las subsidiarias no comenzarían necesariamente sin ninguna deuda. Lo que plantea la propuesta es que no recibirían el pasivo histórico acumulado por la ENEE matriz.
De hecho, el proyecto permite que las nuevas empresas contraigan posteriormente préstamos con el Estado, instituciones autónomas, organismos internacionales y entidades financieras.
Cálix hizo la afirmación el 10 de agosto el mismo día en que miembros de la bancada liberal en el Congreso Nacional anunciaron una contrapropuesta de ley en respuesta a la iniciativa de reforma al subsector eléctrico enviada por el Poder Ejecutivo.
Según los representantes liberales, el proyecto busca mantener el carácter público de la ENEE e incorporar mecanismos para proteger la propiedad estatal de sus acciones y activos estratégicos.
EH Verifica solicitó a Jorge Cálix la fuente que sustenta su afirmación, pero no obtuvo respuesta hasta el cierre de esta edición.
Qué dice la propuesta
El artículo 7 de la denominada Ley de Justicia Energética, presentada por la bancada liberal, establece un “Régimen transitorio de saneamiento financiero de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica”.
La disposición señala que, durante un período de diez años a partir de la entrada en vigencia de la ley y de la implementación efectiva de la escisión de la ENEE, el Estado asumirá el pago y servicio de la deuda financiera y demás obligaciones históricas de la estatal matriz.
El artículo explica que la medida busca que las empresas resultantes de la división de la estatal comiencen sus operaciones con una estructura financiera saneada y sin que se les trasladen las obligaciones correspondientes al pasivo histórico de ENEE matriz.
Por tanto, la propuesta respalda la primera parte de lo afirmado por Jorge Cálix, aunque requiere una precisión: las subsidiarias no comenzarían necesariamente sin ninguna deuda, sino sin recibir el pasivo histórico acumulado por ENEE matriz.
El artículo 5 del proyecto, denominado “Bienes, compras y financiamiento de las empresas subsidiarias”, permite que las nuevas empresas contraigan posteriormente préstamos con el Estado, instituciones autónomas, organismos internacionales y entidades financieras. Para ello necesitarían autorización previa de ENEE matriz y un dictamen favorable de la Secretaría de Finanzas (Sefin).
Las subsidiarias también podrían emitir bonos y otros títulos respaldados por sus propios ingresos o flujos de capital.
Sin embargo, el artículo 7 no establece que los pagos realizados por el Estado se conviertan posteriormente en una deuda de las subsidiarias ni ordena que estas deban devolver esos recursos una vez transcurridos los diez años.
La disposición tampoco fija un calendario de reembolso, cuotas, condiciones de pago ni un mecanismo mediante el cual el Estado recuperaría posteriormente los recursos destinados al servicio de la deuda histórica.
Además, según la revisión del proyecto, no aparece la cifra de 120,000 millones de lempiras mencionada por Cálix como el monto que posteriormente tendría que ser devuelto al Estado.
EL HERALDO publicó el 11 de agosto de 2026 un artículo sobre las diferencias entre la propuesta del Partido Liberal y el proyecto del Poder Ejecutivo.
Ese análisis establece que el Estado asumiría durante diez años el pago y servicio de la deuda histórica para permitir que las nuevas empresas comiencen con una estructura financiera saneada. Sin embargo, tampoco identifica una disposición que obligue posteriormente a las subsidiarias a reembolsar esos recursos al Estado.
Con base en el contenido de los artículos 5 y 7 citado en esta verificación, la afirmación de Jorge Cálix es una verdad a medias.
