Tegucigalpa, Honduras.- La cantidad de jueces con la que cuenta Honduras coloca al país por debajo de la media internacional de cobertura judicial, condición que incrementa la carga de trabajo de los operadores de justicia y representa uno de los principales desafíos para la respuesta de los tribunales.
Un análisis de la distribución de funcionarios del Poder Judicial revela que Honduras cuenta con 972 jueces y magistrados para una población estimada en 11.18 millones de habitantes, lo que representa un promedio de un juez por cada 11,317 personas.
Los datos obtenidos por EL HERALDO mediante la solicitud de información SOL-PJ-3753-2026 muestran que los Juzgados de Paz concentran la mayor cantidad de funcionarios judiciales con 306 jueces, equivalentes al 31.5% del total nacional.
A estos les siguen los jueces de Letras con 226, los jueces supernumerarios con 196 y los jueces de Sentencia con 144.
En el nivel superior, la cobertura también es limitada: en todo Honduras solamente existen 72 magistrados de Corte de Apelaciones, de los cuales 55 son propietarios y 17 integrantes.
Francisco Morazán y Cortés concentran casi 40% de los jueces
La distribución de los operadores de justicia refleja una marcada concentración territorial: Francisco Morazán y Cortés reúnen 387 jueces, una cifra que representa cerca del 40% de todos los administradores de justicia del país.
Francisco Morazán, donde se encuentran las principales sedes de la Corte Suprema de Justicia, concentra 257 funcionarios judiciales, es decir, el 26.4% del total nacional.
Los datos en el centro del país son más evidentes en los Juzgados de Letras, donde acumula 123 de los 226 jueces disponibles en todo Honduras, es decir, más de la mitad de estos operadores.
Cortés ocupa el segundo lugar con 130 funcionarios judiciales, equivalente al 13.4% del total nacional, una presencia impulsada por su densidad poblacional y actividad económica.
No obstante, Gracias a Dios registra el número más bajo de jueces a nivel nacional, con 9; Islas de la Bahía con 12; Valle, Ocotepeque y Colón (18); Intibucá (22) y La Paz (25).
Es decir, si tomamos estándares internacionales, estos establecen una media de 22 jueces por cada 100,000 habitantes, mientras los datos oficiales del Poder Judicial ubican a Honduras en una proporción de 8 jueces por cada 100,000 habitantes.
Juzgados
Pese a las distribución de funcionarios judiciales a nivel nacional, datos oficiales indican el centro del país son más evidentes en los Juzgados de Letras, donde acumula 123 de los 226 jueces disponibles en todo Honduras, es decir, más de la mitad del total de los operadores.
Según el abogado German Leitzelar, el problema se vuelve más complejo en los sectores considerados con “baja cobertura judicial”.
“En los jueces que conocen de materia civil, los jueces hacen doble o triple función, la mayoría se concentran en Tegucigalpa, entonces los sectores con menos cobertura atienden casos de diferentes materias, y eso hace más carga a los servidores públicos”, explicó.
Leitzelar señaló que, aunque la cantidad de jueces está relacionada con la densidad poblacional de cada zona, el Poder Judicial debe ampliar la presencia de operadores en todo el territorio nacional.
“El problema no está solo en llenar de jueces, se necesitan jueces que realmente impartan justicia a nivel nacional, porque podría existir una cantidad de jueces considerable, pero eso no asegura que los casos sean resueltos con mayor rapidez”, explicó.
Mora
La capacidad del sistema judicial también se refleja en la mora acumulada; según el último informe de Memoria Anual del Poder Judicial, más de 43,000 expedientes permanecen sin resolución a nivel nacional.
Las cifras oficiales indican que durante 2025 ingresaron al sistema judicial 129,997 casos, mientras que fueron resueltos 86,991. La diferencia dejó un saldo de 43,006 expedientes pendientes.
Para Leitzelar, el retraso judicial no responde únicamente al volumen de casos, sino también al incumplimiento de los plazos establecidos en los procesos.
“El problema fundamental es que se incumplen los plazos. En materia laboral, por ejemplo, un caso no debería superar cuatro audiencias, pero estas pueden extenderse por años debido a suspensiones por carga de trabajo, decisiones judiciales o incluso estrategias de las partes”, explicó.
La combinación entre una distribución desigual de jueces, la concentración de funcionarios en pocos departamentos y la acumulación de expedientes mantiene al sistema judicial hondureño bajo presión, mientras amplios sectores del país continúan con dificultades para acceder a una justicia pronta y efectiva.
