Tegucigalpa, Honduras.- De llegar a aprobarse en el tercer debate, la Ley de Reactivación Económica y Derechos Humanos, por el Congreso Nacional (CN), el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) advierte que podría tener efectos negativos a largo plazo y prestarse a vicios de irregularidad de gobiernos pasados.
César Espinal, coordinador del Observatorio de Política Criminal Anticorrupción, del CNA, explica que reconocen "que es necesario hacer un reordenamiento dentro de la administración pública, principalmente la centralizada, para que esto no impacte de manera negativa a las finanzas del Estado; hay que hacerlo dentro del marco del respeto a los derechos y garantías que también les corresponden a aquellos que se encuentran hoy como empleados públicos".
La Ley de Reactivación Económica y Derechos Humanos contempla la eliminación de al menos 38 entidades públicas, entre estas, varias con rango de Secretarías de Estado y Direcciones, con el objetivo de reducir el aparato estatal, hasta dejar solo 74 de las 113 instituciones que hay actualmente, dejaron entrever desde el Poder Ejecutivo.
"Para poder hacer este tipo de procedimientos, creemos desde el CNA, que se deben observar diferentes criterios para evitar que se lesionen o menoscaben los derechos que le corresponden inherentemente a las personas. Este decreto pone en manifiesto la suspensión de algunos artículos de leyes que hoy podemos considerar como un mecanismo de salvaguarda y garantía para poder tutelar algunos derechos", aconseja Espinal.
La potencial puesta en vigencia de esta ley pondría en peligro las garantías que tienen los empleados públicos, como el derecho de acceder a la justicia si llegasen a ser violentados los derechos de los trabajadores, a la hora de acudir ante una autoridad para poder emprender una acción en contra del Estado.
A criterio de Espinal, "estas circunstancias son las que preocupan y nosotros hacemos un llamado al Congreso Nacional a poder reexaminar esta normativa para que la misma se pueda enmarcar, en todo caso, sin que violente ese tipo de garantías. Lo que hoy ocurre es que lo que iniciaría con la implementación, si esto llega a convertirse en ley, es que va a afectar primero, posiblemente, a los derechos laborales".
A eliminar 38 instituciones
El temor expresado por el CNA y que también ahora cala en los miles de burócratas de esas 38 instituciones que serían suprimidas por la administración de Nasry Asfura, es que ocurriría lo de gobiernos pasados; eliminaron instituciones para crear otras con otro nombre con el objetivo de despedir a su personal y nombrar al del partido de turno.
"Si finalmente esto no se orienta a mantener un equilibrio entre las finanzas del Estado, las contrataciones de personal y la reestructuración administrativa, y luego se recurre a hacer otras contrataciones, por ejemplo: a personas que están alineadas al partido hoy en el gobierno, entonces básicamente el problema no se cerraría, sino, que se estaría más repitiendo una práctica que hoy por hoy se está utilizando como el motivo para este decreto, pero que al final no se estaría saneando", fustiga César Espinal, del CNA.
Uno de los casos más claros fue el ocurrido con la extinta Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI); se suprimió en el primer período de gobierno de Juan Orlando Hernández Alvarado, en 2016, y luego se creó el Servicio de Administración de Rentas (SAR); que sirvió para emplear a miles de afines del Partido Nacional.
Espinal manifiesta que "son circunstancias que han venido siendo normales de un gobierno a otro. Hoy se ha hablado de que esto puede cambiar, pero no hay una garantía de que realmente eso vaya a ser el resultado final si se implementa ese decreto".
Reconocen que es de vital importancia reestructurar la administración pública y disminuir el gasto corriente que tiene el Estado a razón de la exagerada contratación de empleados públicos, pero que debe de hacerse en el marco de la legalidad y respetando los derechos laborales.
