Tegucigalpa, Honduras.- Después de casi trece años de que el esfuerzo de sus vidas se viniera abajo con el derrumbe de sus casas, los afectados del fallido proyecto inmobiliario Ciudad del Ángel aún esperan justicia. Aunque existe un fallo a su favor, todavía no han recibido la indemnización, que rondaría los 270 millones de lempiras.
Esto tras obtener una sentencia firme a su favor, otorgada por un Tribunal de Sentencia de Francisco Morazán, desde hace varios años, pero que ningún gobierno central ha cumplido con el fallo a favor de los quienes adquirieron sus viviendas en la residencial Ciudad del Ángel, al norte de la capital
Marlon Arévalo, apoderado legal de las familias afectadas, explicó que "de las 56 personas que ya obtuvieron la sentencia, estamos hablando de una cuantía que ronda los 270 millones de lempiras, que dividido entre la Corporación Municipal, la Secretaría de Mi Ambiente, que ahora se vuelve a llamar Serna (Secretaría de Recursos Naturales) y la constructora; vendría representando un aproximado de 95 millones cada una".
El defensor privado de los compradores perjudicados consideró que con el cumplimiento del fallo no se estará haciendo beneficio alguno hacia ellos, pues es un caso que tiene 13 años, con dos sentencias firmes por parte del sistema de justicia.
"Como ahorita ha salido de moda que se están haciendo los embargos a las cuentas, no crean que nosotros estamos buscando un embargo y que se diga: se quieren aprovechar, sino que en realidad se cometieron estos ilícitos y ya han pasado tres administraciones (de gobierno) y ninguna de ellas ha querido hacer la indemnización teniendo las víctimas el derecho a que se les pague", arguyó Arévalo.
No se podía construir
La responsabilidad estatal y municipal fue constatada en juicio oral y público, al comprobar las irregularidades que cometieron un exregidor de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) y varios exfuncionarios de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), al otorgar licencias de construcción donde sabían que existe una falla geológica, obviando los estudios topográficos que habían en la zona.
"Si el proceso de construcción se dio de manera irregular y se comprobó la falsificación de documentos, y los abusos de autoridad, con eso quedó comprobado que la urbanización no se podía hacer. ¿Por qué no se podía hacer? Porque los japoneses, desde el año 1994, dieron un estudio y determinaron que era una zona inestable", recordó el abogado Arévalo.
Quienes sufrieron el daño y lograron sentencia a su favor están dispuestos a entablar una conciliación con las autoridades estatales, y no están del todo cerrados a no escuchar a las otras partes, sin embargo, su representante legal aludió que esta debe de ser una negociación de altura, en la que se considere todo el perjuicio ocasionado por más de una década.
"Ya son 13 años, hay varias personas que han fallecido y creemos que es justo (indemnizarlos). Uno creería que son cantidades estratoféricas, cualquiera dice: son 270 millones, pero si usted lo divide entre 56 familias, prácticamente, cada una lo que estaría recibiendo solo son 2.4 millones de lempiras", detalló Arévalo.
